En momentos que hay denuncias sobre espionaje a periodistas como Gustavo Sylvestre y Mauro Federico, la ministra Patricia Bullrich, presentó antes la Asamblea General de Adepa, el Protocolo General de Actuación para la Protección de la Actividad Periodística, que permitirá que “todos los periodistas sientan que van a ser protegidos”. Desde la Mesa Nacional de Trabajadores de Prensa, integrada por más de 40 sindicatos de prensa de todo el país, rechazó enérgicamente el Protocolo General de Actuación para la Protección de la Actividad Periodística.
Los gremios de prensa señalan que “invocando tratados y declaraciones internacionales con rango constitucional que resultan indiscutibles (Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, fallos de la Corte Suprema de Justicia o resoluciones de Naciones Unidas), y conceptos como democracia, libertad de expresión, derecho a la información y tolerancia. Bullrich, ADEPA y FOPEA consuman una utilización corporativa, elitista y maliciosa de esos principios”. Y agregan: “El mismo Ministerio de Seguridad que pretende criminalizar la protesta, reservando un “corralito” para trabajadores de prensa, anuncia ahora pomposamente que podremos recurrir al Protocolo ante situaciones de riesgo, amenazas y violencia en ejercicio de la tarea profesional. Sin embargo, los trabajadores de prensa han sido los auténticos convidados de piedra, ignorados e invisibilizados por las empresas nucleadas en ADEPA y por FOPEA, entidades absolutamente distantes y que nunca representaron los intereses y necesidades de los trabajadores”.
“Con soberbia y prepotencia hablan de periodismo “independiente”, en nombre de las corporaciones multimediáticas que consideran a la información una mercancía. Y hablan de pluralismo y democracia, los que desmembraron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para sostener el monopolio y amenazan con penalizar a periodistas que informen sobre el blanqueo, mientras nada dicen sobre los más de 2.500 puestos de trabajo perdidos en el gremio de prensa nacional”, agregan.
Los gremios manifiestan que “ADEPA Y FOPEA también se arrogan la potestad de constituir una Comisión de Riesgos de la Actividad Periodística y la capacidad de calificar esos riesgos. Comparan situaciones ocurridas en Méjico o Colombia para instalar un imaginario de que Argentina padece idéntica problemática, pero “olvidan” mencionar los muertos, entre ellos muchos periodistas, que en esos países generó la mano dura del Estado”.
Termina el duro documento: “Por eso, advertimos: no queremos ser cuidados por los mismos que nos reprimen, atacan el pluralismo y la multiplicidad de voces, y despiden y precarizan a miles de trabajadores de prensa. Por eso rechazamos este Protocolo inaplicable, que deja al margen a más de 40 organizaciones sindicales de prensa de todo el país, representantes de miles de trabajadores, que mantienen contacto permanente con el trabajo periodístico en todas las provincias y conocen realmente los “riesgos” cotidianos. En cambio, convocaron a una entidad patronal minoritaria y a una ONG sin alcance territorial. Si la preocupación fuera proteger la seguridad de los trabajadores, deberían convocar a sus representantes para discutir en serio los problemas reales y las posibles soluciones aplicables”.