Un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria reveló los efectos colaterales que sufren los pensionados que dejaron de serlo por el brutal ajuste de Mauricio Macri: falta de cobertura de salud, interrupción de tratamientos por enfermedades crónicas y quita de cobertura de remedios. Algunos deben pagar hasta 40 mil pesos en gastos de salud por haberse quedado sin la pensión no contributiva que dio de baja el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Pese a las promesas, la cartera a cargo de Carolina Stanley continúa con la purga del padrón y no restablece las más de 175 mil pensiones no contributivas caídas. Algunos beneficiarios de esta cobertura por invalidez, que representan el 72 por ciento de los casos, deben afrontar gastos de salud y sanitarios de hasta 40.000 pesos mensuales. Al dar de baja la pensión de 4 mil pesos, también se interrumpen los planes de cobertura que brinda el Ministerio de Salud, tales como tratamientos de diálisis para las personas con insuficiencia renal crónica y farmacológicos inmunosupresores para pacientes trasplantados.
“De no haber sido dadas de baja las pensiones no contributivas, el tratamiento a personas con diagnóstico de esquizofrenia, insuficiencia renal crónica y niños o jóvenes con discapacidad serían cubiertos por el Programa Federal Incluir Salud (PFIS)”, señala el informe de la Fundación Soberanía Sanitaria.
A partir de distintos programas de inclusión para los más vulnerables, el gobierno anterior había elevado de 350 mil pensiones no contributivas (en su mayoría graciables) que había en 2003 a 1,6 millones a fines de 2015, principalmente mediante la incorporación de personas con invalidez, aunque también de adultos mayores y madres de siete o más hijos. Sin embargo, con el cambio de administración y la decisión de recortar presupuesto en todas las áreas de gobierno, la cartera de Desarrollo Social suspendió y eliminó más de 175 mil pensiones. El primer guadañazo fue el año pasado, con 90 mil pensiones, de las cuales la mayoría pasó a ser baja definitiva.
En lo que va del se sumaron 83.133 beneficiarios más entre bajas y suspensiones. Desde Desarrollo Social confirmaron que se repondrán las de este año mientras se haga la auditoria, aunque hasta el momento sólo se volvieron a dar de alta 24.600 sobre un total de 175 mil recortes. Las del año pasado no fueron incluidas en la revisión.
A partir de los cambios hasta 2015, las pensiones no contributivas asisten en su mayor parte (72 por ciento) a personas con discapacidad. Les siguen las otorgadas a madres de siete o más hijos (22 por ciento), especiales y las graciables (5 por ciento) y por vejez (1 por ciento). Estas últimas se fueron remplazando por otras políticas de inclusión jubilatoria, explicó el presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria, Nicolás Kreplak, médico sanitarista y ex viceministro de Salud.
En lo que va de este año se registraron suspensiones en enero de 4700 pensiones por invalidez; en febrero hubo suspensiones y bajas a 10.900 y 6700 beneficiarios respectivamente; en marzo, a 7000 y 2000; en abril, a 2900 y 2240; en mayo 13.509 y 5300; y en junio de 13.482 y 2975. En total, son 52.491 pensiones por invalidez suspendidas y 19.215 dadas de baja.