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La Plata
20 octubre, 2020
PAÍS

Cristina tras su paso por Tribunales: investigarán al primo de Macri

Dos fiscales requirieron analizar la relación del Presidente con Ángelo Calcaterra por el soterramiento del Sarmiento. La decisión se produjo después que la ex presidenta declarara en Comodoro Py, denunciara una persecución política en su contra y pidiera que se analice el favoritismo del Gobierno con el primo de Macri por la obra ferroviaria. En sintonía con los dichos de la ex mandataria, el FpV en Diputados presentó un proyecto para que se investigue toda la Obra Pública de los últimos doce años.

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron que la Justicia investigue la modificación de una licitación a favor de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri. Se trata del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, que quedó a cargo de Iecsa.

Los funcionarios realizaron el requerimiento luego de la declaración de Cristina Kirchner, que fue citada para declarar sobre sus presuntos vínculos con Lázaro Báez. Ante el juez Julián Ercolini, la expresidenta denunció una persecución política en su contra y pidió se analice el favoritismo del Gobierno con Calcaterra por la obra ferroviaria.

Ante ello, los fiscales pidieron que se abra una nueva causa ante la posibilidad de la falta de transparencia por parte del Gobierno nacional en la adjudicación. El sorteo del juzgado y fiscalía a cargo se realizará el martes.

La denuncia que realizó Cristina hace referencia al decreto 797/2016 de Macri que autoriza modificaciones en “la contratación de obras y adquisición de bienes con incidencia en ejercicios futuros” por $ 100.000 millones, de los cuales $ 40.000 millones corresponden a obras que terminarían en 2016.

Entre aquellas se destaca el incremento presupuestario al soterramiento del Sarmiento, que según se estima costará $ 45.000 millones en total. De ellos, $ 300 millones se desembolsarán este año; $ 8.940 millones en 2017 y 2018 y $ 28.820 millones en años siguientes”.

La licitación fue ganada en 2007 por la italiana Ghella, la brasileña Oderbretch e Iecsa, la empresa encabezada por el primo de Macri.

 

El FpV pide investigar toda la Obra Pública

El bloque de diputados del Frente para la Victoria, a través de Adrián Grana, presentó un proyecto que busca crear una comisión bicameral que audite la totalidad de las obras realizadas desde 2003 hasta 2015 y no sólo una pequeña porción como realizó Vialidad Nacional. Grana aseguró que lo que se busca es que “se investigue en serio y se identifiquen con claridad, si los hubiera, a los supuestos protagonistas públicos y privados de los hechos de corrupción que se denuncian”.

El proyecto pretende que se cree una comisión bicameral integrada por 10 diputados y 10 senadores más dos veedores de los bloques parlamentarios, que por una cuestión de proporcionalidad, no integran este cuerpo. La intención es que en 180 días los legisladores analicen la totalidad de la obra pública realizada en los 12 años y medio y no el que produjo el gobierno a través de Vialidad.

Si bien Grana reconoció que esa acotada auditoría no resultó como lo esperaba el gobierno de Mauricio Macri, porque se reconoció que estaban bien realizadas las obras, la manipulación mediática terminó por tergiversarla. Es por ello que Grana considera imprescindible una auditoría total de los 596 mil millones de pesos que se invirtió en los años de gobierno K.

“Desde hace tiempo se intenta vincular la obra pública de los gobiernos kirchneristas con la corrupción. Para eso, se descontextualiza la información, se la recorta, se la tergiversa y se involucra a Cristina (Fernández de Kirchner) o a Néstor (Kirchner) como promotores y beneficiarios de supuestos hechos de corrupción”, aseguró Grana rodeado de una decena de diputados del FPV.

Según el trabajo presentado por el legislador, de 596 millones de pesos que se invirtieron en esos años, unos 336 mil millones corresponden a los organismos nacionales centralizados y 260 mil millones fueron transferidos a gobiernos provinciales y municipios.

De los millones de pesos que los organismos centralizados usaron para obra pública, según reza la información de Grana, el 35,6 por ciento fue destinado para energía; para vialidad se destinó un 17,1 por ciento; para recursos hídricos y saneamiento le correspondió un 13,9 por ciento; plaza, hospitales y bacheo el 12,2 por ciento; comunicaciones y cultura fue de 7,1 por ciento; financiamiento externo un 6 por ciento; minería 4,4 por ciento y escuelas y universidades un 3,7 por ciento.

En cuanto a los fondos que recibieron los gobiernos provinciales y municipios el 35,83 por ciento se utilizó para viviendas; el 14,75 por ciento para vialidad; el 13,16 por ciento para plaza, hospitales y bacheo; energía el 12,37 por ciento; un 8,92 por ciento para saneamiento; programa Más Cerca un 7,59 por ciento; escuelas y universidades recibió el 2,77 por ciento; el 2,8 por ciento se destinó para financiamiento externo y comunicaciones y cultura recibió el 2,22 por ciento.

En la presentación del proyecto, Grana mostró también un cuadro que da cuenta del ranking de las empresas privadas que trabajaron con esa obra pública. La encabeza Techint con casi el 5 por ciento del total, la sigue Electroingeniería con el 4,61 por ciento y tercera es la empresa del primo de Macri, Angelo Calcaterra, quien a través de Iecsa obtuvo el 4,18 por ciento del total del dinero invertido en obra pública. En ese listado la empresa CPC que pertenece a Cristóbal López ocupa el puesto 13 con el 0,96 por ciento y el Grupo Austral, del ahora detenido Lázaro Baez, sólo obtuvo el 0,3 por ciento del total de las obras públicas y, como tal, ocupa el puesto 38 en este ranking que mostró Grana (ver documento aparte).

El legislador destacó que la auditoría realizada por el gobierno nacional sólo se concentró en las realizadas en la provincia de Santa Cruz entre 2010 y 2015 y que abarcan unas 83 obras públicas. Para ejemplificar cuál fue el resultado de ese trabajo, Grana leyó algunas de las conclusiones a la que arribaron los técnicos de Vialidad Nacional y que aseguran que “del examen practicado no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse salvo en algunos casos puntuales”. Ante esa definición es que Grana aseguró que “aún siendo sesgado y berreta, el informe de esta auditoría es infinitamente menos crítico que lo que venden Clarín, TN, (Jorge) Lanata y (Margarita) Stolbizer”.

Es por esa razón que el diputado remarcó la necesidad de hacer una auditoría total: “Es necesario esclarecer absolutamente lo que ocurrió y ocurre en todo el país, en todas las administraciones y con todos los contratistas. Queremos conocer el origen del dinero que aparece en un convento y también el que aparece en cuentas y sociedades offshore armadas por miembros de la patria contratista y todos sus familiares”, aseguró Grana rodeado de los diputados Héctor Recalde, Axel Kicillof, María Teresa García, Diana Conti, Carlos Castagneto, Juan Alberto Ciampini, Eduardo Seminara, Rodolfo Tailhade, Fernanda Raverta, Liliana Mazure, Mirta Soraire, Juan Manuel Jus, Ana Llanos y Alejandro Abraham.

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