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La Plata
25 octubre, 2020
PAÍS

En apenas un año nueve funcionarios del Gobierno afrontan causas en la Justicia

En menos de 365 días, el primer mandatario, su vice y siete integrantes del Gabinete se encuentran imputados por diversas maniobras delictivas, desde tráfico de influencias, desvío de fondos públicos hasta enriquecimiento ilícito.

Mauricio Macri: el primer mandatario arrancó su mandato siendo sobreseído en la causa que investigaba la red de escuchas ilegales montada desde la Ciudad de Buenos Aires, en la que estuvo procesado durante tres años. Sin embargo, poco antes de cumplir sus primeros 100 días en el poder, un episodio internacional sacudiría de lleno a él y su familia luego que salieran a la luz los Panamá Papers.  La investigación global  reveló que el presidente Macri participaba en al menos dos sociedades offshore. A raíz de esta trama, el juez Casanello imputó al mandatario y a otros 7 directivos de la firma. “Fue algo que hice en mi vida privada”, fue la respuesta del jefe de Estado en una entrevista con La Nación hace apenas dos semanas.

Gabriela Michetti: la vicepresidenta de la Nación también cuenta con dos imputaciones en apenas 12 meses de gestión: una de ellas tiene que ver con el origen de los fondos que le robaron de su departamento el pasado 22 de noviembre, consistente en $245.000 y USD50.000 que se encontraban en efectivo ubicado en distintas bolsas dentro de su departamento, y la otra con la designación de Cecilia Brook, novia de Alfredo Leuco, en el Senado.

Federico Sturzenegger: el director del Banco Central de la República Argentina fue imputado por el fiscal Jorge Di Lello en abril pasado, luego que El Destape revelara que actuales funcionarios fijaron el precio al que se cobrarían los contratos de dólar futuro.

Mario Quintana: por la misma causa pero con unos días de diferencia, el vicejefe de Gabinete también resultó imputado por haber sido otro de los actores que se benefició al ser uno de los actores que fijó el precio de dólar futuro con el que resultaría favorecido: se desempeñó como director de la firma Farmacity y CEO del fondo Pegasus los cuales adquirieron dólares a futuro por un monto de USD11.480.000.

José María Torello: el jefe de asesores de Mauricio Macri también resultó imputado en la causa dólar futuro impulsada por Jorge Di Lello: invirtió US$ 800.000 en contratos de dólar futuro vía la agencia Schweber Securities S.A. que vencieron en febrero. Chery-Socma Argentina S.A –una asociación entre dos empresas propiedad de Franco Macri- operó entre el cuatro de septiembre y el 23 de octubre US$ 8.000.000 gracias a Puente Hermanos S.A.

Luis Caputo: en septiembre pasado, el secretario de Finanzas del Gobierno acumuló una nueva denuncia penal en la Justicia, luego que este medio revelara que también compró contratos de dólar futuro a través de la firma Axis S.A.

Emilio Basavilbaso: diez meses atrás, según publicó Economía Política y El Destape se reveló un audio que probaba un caso de extorsión en ANSES, en donde Francisco Bosch, director de gremiales del organismo, le pedía la renuncia a Diego Barralle, el entonces director de la UDAI de San Vicente, y amenazaba con “encontrarle una causa” para despedirlo en caso que no lo haga. Es por eso que el fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Walter Rodríguez, abrió formalmente una investigación y le solicitó al juez federal Sebastián Ramos varias medidas de prueba para avanzar en el caso, por lo que Basavilbaso y Bosch resultaron imputados por el presunto delito de extorsión y coacción agravada.

Daniel Angelici: el presunto operador judicial del gobierno y amigo personal de Mauricio Macri afronta desde el mes de marzo una causa judicial iniciada en su contra por otra aliada de la administración nacional: Elisa Lilita Carrió. La diputada nacional denunció al presidente de Boca Juniors por tráfico de influencias en Comodoro PY, y tras ello, el fiscal Jorge Di Lello dicidió imputar al “Tano” y solicitó las primeras medidas de prueba.

9-Hernán Lombardi: en agosto de este año, la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento dictado por el juez Ariel Lijo para el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos en el marco de una investigación de desvío de fondos públicos pertenecientes al gobierno de la Ciudad mediante la Fundación Pensar, por lo que Lombardo volvió a la condición de imputado en la causa por presunta defraudación a la administración pública.

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