El gobierno del presidente Mauricio Macri continua con sus políticas provocativas en materia de Derechos Humanos. A la saga de declaraciones negacionistas de Juan José Gómez Centurión, a la intención de hacer movible el feriado del 24 de marzo –medida que luego tuvo que revisar ante la resistencia de organismos de DD.HH., gobernadores e intendentes opositores-, la gestión de Cambiemos le sumó otra provocación con la intención de postular a un abogado defensor de represores, Carlos Horacio de Casas, como comisionado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De Casas fue el abogado defensor de Enrique Blas Gómez Saa, ex subjefe de Inteligencia de la VIII Brigada de Infantería de Montaña involucrado en una causa por secuestros y torturas durante la última dictadura.
La postulación del abogado defensor de un imputado por causas de lesa humanidad para el período 2018-2021 despertó el repudio de una entidad que agrupa a abogados patrocinantes de los familiares de las víctimas en causas de lesa humanidad, el Colectivo Nacional Mario Bosch – Red de Abogadxs. De hecho, ese colectivo de profesionales contribuyó a difundir el intento de designación e inició una campaña para que se impugne la candidatura.
Que la Argentina ubique a un abogado con esos antecedentes como comisionado en la CIDH sería de todo menos intrascendente: los comisionados, al pasar a formar parte de la CIDH, participan de la evaluación de las denuncias por violaciones de los Derechos Humanos que entablan contra los Estados organismos y colectivos de la sociedad civil.
La responsabilidad por impulsar la candidatura de De Casas corresponde a la Secretaría de Derechos Humanos, que encabeza Claudio Avruj. Se supone –por supuesto- que tuvo el aval del ministro de Justicia, Germán Garavano.
Aunque De Casas podría excusarse cuando se trate alguna denuncia contra la Argentina, sí podría intentar ejercer cierta función de lobby con los otros miembros de la Comisión.
Una de las denuncias internacionales que ya está en marcha contra el país -y en la que va a terminar interviniendo la CIDH- es la prisión ilegal de Milagro Sala en Jujuy. Vale recordar que el Grupo contra las Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas se pronunció contra las autoridades nacionales y provinciales al advertir sobre una serie de irregularidades y la falta de garantías republicanas detectadas en los juicios contra la líder de la Túpac Amaru. La función de la CIDH no sólo es evaluar las denuncias contra los Estados. También hace informes con recomendaciones para cada país, y si los Estados persisten en el incumplimiento de determinados derechos contemplados a nivel internacional, entonces puede presentar el caso contra ese país en la Corte Internacional de Derechos Humanos.
Según trascendió en las últimas horas, la postulación del abogado de Gómez Saa como consejero argentino en la CIDH fue una sugerencia de la Unión Cívica Radical. De hecho, algunas voces ligadas al ambiente del Derecho y también de las causas de lesa humanidad vinculan a De Casas con el ex senador mendocino Ernesto Sanz (UCR).
El represor defendido por De Casas, el ex subjefe de Inteligencia del regimiento de montaña del Ejército de apellido Gómez Saa, está acusado por los delitos de “privación abusiva de la libertad agravada por violencias y amenazas por haber durado más de un mes por tres hechos en concurso real”, “imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político” y “lesiones gravísimas calificadas por haber sido cometidas con alevosía”.
Con el patrocinio de De Casas, Gómez Saa fue declarado inimputable por incapacidad mental. Una pericia médica determinó que el represor no estaba en condiciones de entender la acusación.