Denuncian al presidente por fraude con el Tango 01

Una nueva denuncia contra el presidente Mauricio Macri, luego de las “Low cost” por una licitación fraudulenta del nuevo Tango 01. El mandatario se negó a utilizar la flota presidencial desde que asumió, por lo que ordenó la compra de aviones en una operación sospechada. En el sorteo, la causa le recayó en el Juzgado de Claudio Bonadio, que trabaja este año con la Fiscalía de Jorge Di Lello.

En la demanda penal presentada hoy en Comodoro Py, la Fundación por la Paz y el Cambio Climático acusó al Presidente, funcionarios y empresarios de estafa para favorecer a Avianca (ex MacAir Jet SA), la compañía que puede aún pertenecer a la familia Macri.

En la causa de las aerolíneas bajo costo, Di Lello y el juez Sergio Torres indagan si SOCMA aún es dueña de la empresa que dijo vender el año pasado. Aquella investigación fue impulsada por los diputados del Frente Para la Victoria Rodolfo Tailhade y Juan Cabandié, pero también ampliada por la ONG que preside Fernando Míguez.

En el escrito, Míguez especificó que existen prácticas políticas en el Gobierno “que borran o confunden convenientemente la diferencia de lo público y lo privado”. El presidente de la ONG aclaró que “muchos de los funcionarios no tienen antecedentes comerciales”.

En julio del año pasado, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, admitió que no se reparará el histórico Tango 01 y estimó en U$S 20 millones el presupuesto de la puesta a punto para su venta. En 2000, la SIGEN desaconsejó vender la aeronave porque le daría pérdidas al Estado.

Con el arribo de Cambiemos, la Dirección General de Logística de la Presidencia de Carlos Martín Cobas pasó a recomendar la operación. El funcionario encargado del mantenimiento de la flota presidencial fue ejecutivo de MacAir Jet SA y renunció al Estado esta semana tras ser imputado en la causa de las aerolíneas bajo costo.

Cobas, a cambio de la histórica aeronave, desea comprar un “avión de empresario top”, según la denuncia. Por esto, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) llamó en febrero a la licitación 22501812 para adquirir un “Boeing Business Jet”. El adjudicatario fue el intermediario estadounidense Robert Peerless, dueño de Peerless Aviation USA, por U$S 70 millones.

En tanto, Líneas Aéreas del Estado (LADE) tenía una licitación ganada con una empresa canadiense, con U$S 5,8 millones depositados en Nueva York para leasing de horas de vuelo. Sin embargo, se suspendió la adjudicación por perdido Colunga, y este dinero se lo transfirió a MacAir Jet SA para que continúe el manteniendo los aviones presidenciales, de acuerdo a la documentación presentada por Míguez.

“Los ejecutivos de Macair Jet, empresa que en la actualidad presta servicios de mantenimientos técnico mecánico a la flota presidencial, son los mismos que asesoraron la conveniencia de jubilar al actual Tango 01”, esgrimió la ONG. “Ante esto queda revelada la intención de Mauricio Macri de generar las condiciones más favorables tendientes a incrementar el valor técnico de su empresa. Esto se llama estafa, fraude en perjuicio del Estado Nacional, vaciamiento de los cielos argentinos”, cuestionó.

En relación a ello, tras un escándalo, el Gobierno dio de baja el año pasado una licitación a medida, para alquilar una flota privada de aviones que reemplacen a los Boeing que utilizaban los presidentes y que Macri decidió vender.

Ahora, el fiscal debe decidir si existen indicios suficientes para comenzar una investigación contra el jefe de Estado, Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis; el titular de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), Juan Pedro Irigoin (hermano del presidente de Correo Argentino SA); el presidente de Avian Líneas Aéreas, Carlos Benjamín Colunga López; el CEO de Unicos Air SA, Diego Martín Colunga Campos (hijo de Carlos); el director de Logística de la Secretaría General de Presidencia, Carlos Martín Cobas (quien renunció tras su imputación en las “low cost”); y el empresario aeronáutico Robert Peerless.

En caso de que decida imputarlos, Di Lello llevará la causa con el juez Bonadio. La acusación es por malversación de fondos públicos, estafa, asociación ilícita, abuso de autoridad y licitación fraudulenta en la adquisición del avión presidencial. Además, Míguez solicitó que se suspenda la compra de la nueva aeronave y se embarguen todas las cuentas corrientes pertenecientes a Macair Jet y Avian Líneas Aéreas.

El negocio de Flybondi. Lejos de apaciguarse, los conflictos de intereses en torno a la licitación de rutas aéreas continúan saliendo a la luz. Tras la polémica generada con Avianca y la familia presidencial, en el caso de FlyBondi, la aerolínea que increíblemente ganó 69 rutas pese a no contar con aviones y tener un capital accionario de sólo $100.000, las vinculaciones con funcionarios del Gobierno relacionados al negocio brotan por doquier.

Es que a los vínculos entre uno de sus accionistas, Richard Gluzman y el coordinador del gabinete del equipo económico, Mario Quintana,  ahora se le suma uno que expone aún más a la firma: Gastón Parisier, el otro socio de la low cost, comparte el directorio de la compañía Big Box con Lucas Werthein, quien desempeña funciones en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), el mismo que podría facilitarle el negocio a la empresa a través de una habilitación clave.

Es que en su esquema de negocios, FlyBondi propuso como base operacional el aeropuerto de El Palomar, el cual funciona como centro aéreo militar, no comercial. Pese a este importante detalle, el Gobierno decidió aprobar el 70% de las rutas solicitadas por la compañía, y tras el escándalo Avianca, supeditó la aprobación a que la low cost pueda mostrar capacidad técnica, es decir, que acredite que cuente con los aviones para realizar las operaciones, aunque nada mencionó sobre la imposibilidad de explotar la base aérea de El Palomar con fines lucrativos, que podría ser habilitado en un futuro no muy lejano por el propio ORSNA, en donde desarrolla sus tareas Werthein, cuadrando así un negocio perfecto.

Es por ello que el diputado Rodolfo Tailhade decidió realizar una ampliación de denuncia en la causa donde se tramitan las irregularidades en torno a la licitación de rutas aéreas, que ya tiene a Mauricio Macri como imputado, en donde solicitó que se investigue si el Gobierno planifica otorgarle a Fly Bondi el permiso para operar desde El Palomar, autorización que podría conseguir a través del ORSNA y Werthein, socio de uno de uno de los dueños de la primera compañía aérea sin aviones del país.

En el escrito, presentado este viernes ante el Juzgado de Sergio Torres, el legislador del Frente Para la Victoria solicitó que “se indague respecto de las funciones que cumple el Sr. Lucas Werthein en el ORSNA y cuál fue su participación en los expedientes administrativos relacionados a la empresa de su socio, Flybondi”, al tiempo que también requirió el entrecruzamiento de llamados entre Mario Quintana y Werthein y los accesos de éste último a Casa Rosada.