Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que a lo largo del año el gobierno de Mauricio Macri reprimió 39 conflictos sociales y le dio luz verde a las fuerzas de seguridad para que actúen en contra de los trabajadores que resisten el plan económico.
El estudio, que compila todos las protestas que fueron reprimidas por el gobierno a lo largo del año, sostiene que “durante el primer semestre de 2017 se registraron 39 hechos represivos hacia los conflictos sociales” y que “18 de ellos se llevaron a cabo durante el segundo trimestre”.
“Las políticas que vienen aplicándose desde la asunción del gobierno de Cambiemos, dan cuenta de que el ajuste económico y la redistribución regresiva del ingreso están acompañadas de la otra cara de la moneda, la represión, como parte de un mecanismo sistemático de disciplinamiento social”, explica el informe. Y agrega que la represión “funciona de esta forma como mecanismo de contención del conflicto, de sofocar los reclamos y como mensaje de futuros reclamos, protestas o voces disidentes”.
Además, CEPA explica que durante los primeros seis meses de 2017, la política represiva no se concentró en un solo sujeto social y fue padecida por trabajadores, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos originarios, partidos políticos, mujeres, vecinos, estudiantes, entre otros.
“A modo de ejemplo podemos mencionar que se reprimió a vecinos que reclamaban asistencia ante las inclemencias climáticas (principalmente inundaciones), a pueblos originarios, a mujeres que se movilizaban en el Día Internacional de la Mujer, a vecinos que pedían justicia por casos de gatillo fácil, a maestros, y a movimientos sociales que solicitaban ayuda habitacional y alimentaria”, sostiene el estudio de CEPA.
Dedica un capítulo aparte al accionar de la policía bonaerense que “no sólo hace víctimas de sus políticas represivas a trabajadores, dirigentes sociales, mujeres y vecinos sino inclusive a estudiantes secundarios y primarios”.
El informe también toma los datos de la Red de Madres y Padres Contra la Violencia Institucional hacia las Escuelas, conformada por familiares de jóvenes de diferentes colegios, que contabilizó más de 20 casos de violencia policial en escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano en 36 días. Y señala que “si se cuentan los abusos policiales en colegios del interior y en universidades nacionales, el registro alcanza los 40 casos. La violencia policial no se circunscribe al espacio público sino que se ejerce dentro de las mismas escuelas”.