Acorralado por la acumulación de pruebas en su contra, y al comprobar cómo la Procuradora general Alejandra Gils Carbó tiene un rol cada vez más importante en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el presidente Mauricio Macri ordenó, después de 35 días, que el gobierno muestre a la sociedad que al menos se está haciendo “algo” al respecto.
Teniendo en cuenta que el caso Maldonado viene creciendo como una imparable bola de nieve, a la administración macrista no le queda otra alternativa más que reflejar, al menos, que el tema le preocupa.
Por eso mismo, no pasó desapercibido que Gils Carbó, haya dispuesto el envío de más recursos para encaminar la investigación en Esquel, además de un pedido para investigar a un funcionario del ministerio de Seguridad que intervino en el caso y, sobre todo, el desembarco de funcionarios de confianza en territorio mapuche, lo que se convirtió, hasta ahora, en uno de los indicios más firmes para señalar a la Gendarmería por la desaparición de Maldonado.
Como no podía ser de otra manera, desde el gobierno creció el malestar con la Procuradora, a quien de una u otra manera vienen intentando desplazar de su cargo, al considerar que su intención es utilizar políticamente la muerte de Maldonado.
Además de lo que significó la marcha del viernes último a plaza de Mayo, con más de 250 mil personas, al gobierno le inquieta, y mucho, la repercusión internacional que el tema va adquiriendo, no sólo en los principales medios del mundo, sino que en las últimas horas la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) expresó su preocupación por “la falta de progreso de las investigaciones” respecto a la desaparición de Santiago.
En tanto, para exteriorizar esa supuesta preocupación, y por expresa orden de Macri, hoy el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, viajará a Esquel para llevarle al juez Guido Otranto, que entiende en la causa Maldonado, la inquietud del gobierno por la marcha del proceso.
El funcionario aportará al magistrado una carpeta con documentos de la investigación interna que hizo el ministerio de Seguridad a los 73 gendarmes que participaron de la brutal represión del 1 de agosto pasado en la ruta 40, en Chubut, día en que desapareció el joven, “para que sea el juez quien evalúe y eventualmente decida llamarlos a indagatoria”.
Lo que no deja de llamar la atención es este giro del gobierno, teniendo en cuenta que hasta el momento se venía manejando a través de una política orientada a proteger a la Gendarmería, en vez de poner a los efectivos que participaron del operativo, a disposición de la Justicia.
Mientras las operaciones destinadas a desvincular a la fuerza de seguridad fueron cayendo una a una, y se acumulan las pruebas que la acorralan cada vez más, recién ahora, a más de un mes de la desaparición y en voz baja, desde el gobierno se empieza a admitir que “tal vez” los gendarmes tendrían “algo que ver” con la desaparición de Maldonado.