Trabajadores estatales forzados a realizar timbreos, robustecer call centers o repartir panfletos partidarios son las prácticas reveladas en las últimas semanas por empleados públicos, destacándose que el 90 % de esas denuncias corresponden a Cambiemos.
Por lo tanto, después de las elecciones del próximo domingo, y antes de que los nuevos legisladores presten juramento, le caerá al Gobierno nacional y administraciones provinciales la acusación por recurrir a sus plantas de personal para fines proselitistas.
Mientras desde la administración macrista baja el discurso de que Cambiemos llegó para mostrar es la nueva política, que repudian cualquier práctica clientelista y que rechazan a la “grasa militante”, en los hechos otra es la realidad…
Así lo precisaron la organización ‘Poder Ciudadano’ y la ‘Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia’ (ACIJ), en el marco de la campaña “Que no te pongan la camiseta”, a través de la cual están recopilando las denuncias de los trabajadores estatales, que luego se analizan para corroborar su veracidad.
Pablo Secchi, director de ‘Poder Ciudadano’, reveló que “la mayoría de las denuncias son anónimas. Estas prácticas proselitistas se detectaron, en su mayoría, en la ciudad de Buenos Aires, en el oficialismo”.
En efecto, CABA lidera el ranking con el 50 %, y su mayor foco se encuentra en la Secretaría de Integración Social y Urbana, para apoyar la campaña de Elisa Carrió. En segundo lugar aparece el Estado Nacional, seguido por Provincia de Buenos Aires y Mendoza, Salta y Córdoba. Todas esas jurisdicciones, salvo la última, son de Cambiemos. Del total de denuncias recibidas, los números preliminares arrojan que el 90 % pertenecen al espacio de Mauricio Macri.
“El pedido más común es el del aporte monetario. Le siguen el trabajo en los call centers de campaña, ir a timbrear, entregar volantes y también ser fiscales de mesa durante las jornadas electorales”, listó Lucía He, integrante del área de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de ACIJ.
La mayoría de los pedidos para `trabajar` en la campaña recaen sobre los empleados que tienen una relación laboral reciente o a través de contratos temporarios con las respectivas dependencias. “La mayoría recibe el pedido como una suerte de amenaza velada de que su contrato no se renovará”, precisó.
Sea de “gestión” o de campaña, esta situación está catalogada como “prohibida” en la ley 25.164, de empleo público. “Está prohibido valerse directa o indirectamente de facultades inherentes a sus funciones (del personal) para fines ajenos a su función o para realizar proselitismo o acción política”, se lee en el artículo 24, inciso (e).
Si bien se destaca que la participación es voluntaria, se preguntó a algunos empleados sobre esto y, en estricto “off the record”, aseguraron que “no es bien visto por los jefes rechazar estos pedidos”. Por eso mismo, Poder Ciudadano y la ACIJ mantienen el anonimato en las denuncias.
Además, en esta situación se encuadran tanto empleados de planta permanente, como personal transitorio –becados y contratados-. Y, claro, estos últimos están en una mayor situación de vulnerabilidad, porque corren el riesgo de quedarse sin trabajo en la administración pública, literalmente de un día para el otro.