Alejandro Incháurregui, el prestigioso perito que eligió la familia de Santiago Maldonado para participar de la autopsia del cadáver hallado en el río Chubut, fue despedido el año pasado por el gobierno de María Eugenia Vidal.
Fundador del prestigioso Equipo de Antropología Forense y con un currículum intachable, Incháurregui acumula en su haber logros importantes como encontrar los restos de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia y hallar la identidad de más de 150 desaparecidos por dictaduras y matanzas en Irak, ex Yugoslavia, Filipinas, Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, Brasil, Colombia y Panamá. Sin embargo, en abril de 2016, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, lo corrió del cargo que ocupaba desde hace años en la Provincia.
Inchaurregui era hasta el año pasado director provincial de Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad, pero fue despedido por Ritondo por el enojo de un juez federal y también por presiones de la Policía bonaerense. En ese momento, el perito escribió una carta pública en la que explicó cuáles fueron a su entender las causas de su salida: alegó presiones policiales y describió el posible enojo del juez federal Sergio Torres por un incidente administrativo en el marco de la investigación por la cinematográfica triple fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci del penal de General Alvear.
“Hubo un embate de la Policía para que la Dirección Provincial, que depende de la Subsecretaría de Planificación, gestión y Evaluación a cargo del contador Patricio Lombilla, pasara a ser una dependencia más de la Policía bonaerense, como muchas otras”, contó. Y siguió: “La coyuntura se zanjó cuando las autoridades de la gestión Ritondo advirtieron que, entre otras, la Dirección Provincial a mi cargo se ocupaba de otros temas además de registrar los desaparecidos, como búsqueda de identidad de origen, recompensas, registro de NN, etcétera. Fue precisamente el caso de una recompensa lo que generó un entredicho que sirvió de excusa al Ministro para que decidiera mi cese”.
“Ante esta situación (tener un expediente paralizado porque el juez que precisamente lo inició no respondió a tres requerimientos), solicité al Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de Capital, Dr. Martín Irurzun, que arbitre los mecanismos necesarios para que el juez Torres responda”, detalló el ex funcionario bonaerense.
Ese escrito selló la salida de Incháurregui. “El juez llamó por teléfono al ministro Ritondo para quejarse de mi reclamo (…) esa llamada generó un gran quilombo y el ministro ordenó mi cese en la función ‘porque no querían indisponerse con un juez federal'”.