La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que “el Estado, el juez, las fuerzas de seguridad, y los ministerios de Seguridad y de Justicia” llevan adelante una “acción legítima, enmarcada en la ley frente a la acción violenta, ilegal e inaceptable para la democracia de un país que quiere vivir en paz”, en referencia a los grupos mapuches “que han tomado la violencia como forma de acción política”.
Durante una conferencia de prensa que esta mañana compartió con su par de Justicia, Germán Garavano, no dejó de llamar la atención que sostuviera que “el juez necesitará elementos probatorios, nosotros no. El Gobierno ha definido que esto se realizó en el marco de una demanda judicial dada por el juez Gustavo Villanueva. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas en el marco de una tarea con orden judicial”.
Para terminar justificando en los hechos el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, Bullrich señaló que “la versión de la Prefectura Naval Argentina es de carácter de verdad para nosotros. La Prefectura fue a enfrentarse con un grupo violento”.
Tras afirmar que el Gobierno “está triste” y transmitir el pésame a la familia de Nahuel, la ministra disparó con munición gruesa contra la comunidad mapuche: “Son grupos violentos que no respetan la ley. No tienen reivindicaciones, han tomado la violencia como forma de acción política. No reconocen el Estado ni la Constitución”, aseveró la funcionaria. Y advirtió: “Estamos totalmente abiertos al diálogo con cualquier grupo pacífico. Pero no va a haber diálogo con grupos violentos que violan la ley”.
Asimismo, dijo que los efectivos de Prefectura fueron atacados por unos 15 miembros de la comunidad mapuches con armas “de grueso calibre”, además de lanzas y otras armas blancas y de puño, que en “posición militar” arremetieron contra las fuerzas de seguridad.
Por otra parte, la titular de la cartera de Seguridad aseguró que “en el sur han ocurrido más de 70 acciones violentas o atentados. Son grupos que no respetan la ley, no reconocen a la Argentina, no respetan al Estado y se consideran un poder fáctico que pueden resolver con una ley distinta a la de los argentinos”.