Para diferenciarse de lo que fue su manejo en torno al caso de Santiago Maldonado, con el homicidio de Rafael Nahuel esta vez el Gobierno decidió tomar la iniciativa para ‘marcar territorio’, y endurecer no sólo su discurso, sino su accionar.
Un ejemplo de este cambio fueron las amenazantes declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuando ayer, durante una conferencia de prensa, advirtió que “entraremos a todas las partes del territorio argentino; no tenemos ningún límite más que los límites de la Constitución”, y que “el juez necesitará elementos probatorios, pero nosotros no, porque no tenemos que probar lo que hicieron las fuerzas de seguridad”.
Hasta el momento, la autopsia confirmó que el joven mapuche fue asesinado el sábado último por la espalda, al recibir un disparo de una bala 9 mm, un calibre que se corresponde al usado por los efectivos del grupo Albatros, de Prefectura, que actuó en la represión en Villa Mascardi.
La estrategia del Gobierno apunta a que ante el nuevo escenario, y para tomar distancia sobre lo que fue una reacción tardía ante la desaparición de Maldonado, el objetivo es evitar que la oposición y los organismos de derechos humanos ocupen el centro de la escena.
Sin embargo, hay una evidente división dentro del mismo Gobierno, con un sector más duro que defiende a Patricia Bullrich en cuanto a su estrategia de “más orden” y “mano dura” porque consolida la imagen de Cambiemos. Pero hay otro sector, más moderado, que considera que esa imagen de represión puede generar rechazos entre aquellos sectores que no pertenecen al llamado núcleo duro del oficialismo.
Otro ejemplo de esta ofensiva es la presión que empezó a ejercer la Casa Rosada sobre el juez federal Gustavo Villanueva, a cargo de la investigación. Fue la propia Bullrich quien aseguró que “no vamos a aceptar ninguna orden ilegal ni anti jurídica” ni que “se palpe a las fuerzas, que se invierta el rol de lo que el Estado debe hacer frente a un grupo que está fuera de la ley, que intenta convertirse en poder fáctico y tomar un territorio”.
Por otra parte, en las últimas horas la consultora Ipsos sondeó la imagen de la ministra, y ahí quedó reflejado que tiene 46 puntos de imagen negativa y supera por 13 puntos la imagen positiva que posee (33), muy por debajo de lo normal para un funcionario.
El estudio precisa que “la política de seguridad es la que despierta menos satisfacción en la opinión pública, junto con la política de empleo”.
Mientras, diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ y del Movimiento Evita, presentarán una ampliación de fundamentos al pedido de juicio político contra la ministra Bullrich por mal desempeño y comisión de delitos en el ejercicio de la función pública, el que ya habían elevado por el caso de Santiago Maldonado.
“La cartera de Seguridad de la Nación no puede seguir siendo operada por una ministra negligente y connivente con el delito”, subrayaron.