“Hay que reducir la estructura del Estado. Sí o sí. Aunque el costo social sea alto, no nos tenemos que dejar ganar en esta pulseada que se viene”. Con estas palabras, Mauricio Macri instruyó a su gabinete para poner en marcha, cuanto antes, un achicamiento que significará recortar el 18 % de la planta estatal. O en otras palabras, dejar en la calle a unos 35.000 empleados estatales.
Según relató el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el presidente planteó que es hora de “optimizar la estructura política del Estado”. En la Casa Rosada quieren evitar términos como “achicar” o “ajustar”. “Vamos a buscar más eficiencia: hay secretarías que tienen las mismas funciones en distintos ministerios”, explicó un funcionario.
De esta manera, el Gobierno planifica eliminar secretarías, subsecretarías y direcciones o incluso bajarlas de escalafón. En consecuencia, la planta del Ejecutivo también se achicaría, aunque en los despachos oficiales evitan hablar de despidos.
Mientras, el ministerio de Modernización ya envió una planilla a cada dependencia con un examen exhaustivo de cuánto personal es deseable que ocupe cada área. El denominado “Informe de dotación óptima” solicita a los responsables de cada dependencia del Estado que se ajusten a los números planteados, eligiendo qué trabajadores prefieren conservar. Según el relevamiento oficial, indican que hasta el momento se contabilizan 19.119 trabajadores “de más” en los organismos relevados.
En líneas generales, el plan consiste en intimar a jubilarse a todo trabajador en condiciones de hacerlo, cortar contratos a aquellos que hayan tenido ausencias reiteradas injustificadas en sus puestos de trabajo, y la no renovación de contratos que terminan a fin de año, de aquellos que integran las áreas “superpobladas”.
A nivel nacional, el Estado cuenta con 193.000 trabajadores. Justamente, el mes próximo culminan contratos para 80.000 empleados (65.000 con contratos directos, el resto con convenios con Universidades).
Con el recorte del 18 % de la planta total, se busca un ahorro fiscal cercano al 0,3 % del PBI.
Entre otras dependencias, las miradas están puestas, sobre todo, en los ministerios de Relaciones Exteriores, Agroindustria, Hacienda, Finanzas, Educación, Trabajo, Transporte, Desarrollo Social, y organismos como el INTA, ENACOM, CONEA, Enre, INCAA, Energas, UIF, INAES, la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil, el Organismo Regulador de Seguridad de Presas, Fabricaciones Militares y ANSeS.
En el caso de los organismos públicos que cuenten con atención al público, se sugirió recortar puestos de trabajo mediante la utilización de la ventanilla única electrónica, tal el caso de la ANSeS y el PAMI, que cuentan con más de 30.000 empleados.
Lo paradójico de la situación, es que, lejos de reducir el número, el gobierno de Macri amplió en su última reestructuración del organigrama cuando desdobló la cartera de Hacienda y Finanzas tras la salida de Alfonso Prat Gay. El gabinete que encabeza Marcos Peña tiene 23 ministerios, lo que le complica la coordinación de todas las áreas.