Una unidad para la lucha contra el “extremismo violento y el terrorismo internacional”, en virtud de un “incremento de la amenaza para la paz y la seguridad de las naciones”, fue creada por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.
El reemplazante de Alejandra Gils Carbó como jefe de los fiscales, aseguró a través de una resolución que “resulta adecuado realizar los estudios necesarios con miras a diseñar una estructura dedicada a facilitar y elaborar una estrategia institucional contra el extremismo violento y el terrorismo internacional”.
Dicha estructura deberá contribuir a dotar “al sistema judicial de aquellas herramientas necesarias para abordar de manera integral ese fenómeno delictivo de extrema complejidad y actualidad”.
Asimismo, encomendó al Secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espell, que “elabore, dentro del plazo de noventa días, un programa para avanzar en su desarrollo”.
Por ejemplo, con la desaparición de Santiago Maldonado se intentó asociar desde el discurso oficial a las comunidades mapuches con organizaciones terroristas, algo que se profundizó en los últimos días, a partir del homicidio del joven Rafael Nahuel, que recibió un tiro por la espalda. El Gobierno, además, se prepara para las reuniones del G20, en las que puede haber grandes manifestaciones anticapitalistas como ha ocurrido en otros países.
Entre los considerados de la resolución se enumera que corresponde a la Procuración General “adoptar todas aquellas medidas que dentro del marco legal contribuyan al mejor cumplimiento de las funciones del ministerio Público Fiscal”.
Asimismo, que “resulta conveniente trabajar en el desarrollo de estrategias que, en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, eleven los índices de eficacia del sistema de administración de justicia en general”.
También se consideró “la grave amenaza que el terrorismo internacional representa para la paz y la seguridad de las naciones ha sufrido un notorio incremento en los últimos años, a partir de la comisión de diversos atentados de una violencia y magnitud sin precedentes”.
Una vez conocida la iniciativa, la legisladora electa por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, denunció a través de Twitter que “hoy cuando el terrorismo es la RAM” la medida implica “un nuevo salto en la criminalización de la protesta”.
Y advirtió que “están construyendo un enemigo para militarizar la Patagonia en protección de los intereses de terratenientes y la megaminería”, por lo que “ahora sacan una resolución ordenando crear una estructura dedicada a facilitar y elaborar una estrategia institucional contra el extremismo violento”.