Un grupo de intendentes del interior bonaerense fueron a la Justicia para que frene el aumento de las tarifas del gas por entender que es “desproporcionado” y no se condice con la suba que experimentaron los salarios en 2017.
Al menos diez intendentes se adhirieron a un amparo colectivo que fue iniciado por la Oficina de Defensa del Consumidor (OMIC) de Leandro N. Alem, a partir del cual, el colectivo de usuarios que realizó ese reclamo, pasó a representar a consumidores de todo el país por disposición de la Justicia. Los demandados son el Estado Nacional, mediante el Ministerio de Energía y Minería, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y Camuzzi Gas Pampeana S.A.
Por el momento se sumaron las comunas de Laprida, Mercedes, Gonzáles Cháves, Daireaux, San Antonio de Areco, Bolívar, Chascomús y General Alvarado. Bahía Blanca podría adherir en las próximas horas.
La directora de la OMIC de Alem, Sofía Girón, explicó que “como la de los usuarios de Alem fue la primera causa inscripta de manera colectiva actuó como fuero de atracción de las que se tramitaban en otros juzgados del país”.
La Justicia Federal de Junín fue la que aceptó tramitar ese amparo colectivo contra la suba del gas, y por ese motivo, de ahora en más, todas las presentaciones en el mismo sentido deberán realizarse en ese juzgado, según lo dispuesto por una Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Presentamos unos 500 reclamos, de facturas que iban desde los 2 mil a los 9 mil pesos. Pedimos la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Energía sobre los aumentos de gas. Ahora la Justicia Federal debe resolver”, agregó Girón.
El intendente de Laprida, Alfredo Fisher, también presentó en los últimos días la adhesión al amparo en el Juzgado Federal de Junín. “Aquellos sectores que no tienen voz, necesitan una voz que los defienda”, explicó Fisher, quien advirtió que los incrementos en este servicio son “un mecanismo de transferir recursos de un sector mayoritario a uno de unos pocos”.
Su par de Gonzáles Chaves, Marcelo Santillán, definió como “desproporcionado” el aumento en la tarifa de gas que aplicó el gobierno nacional, y en defensa de los usuarios instruyó a las áreas de Legales y de Información al Consumidor (OMIC) a que reciban las “boletas con el aumento” que les llegó a los vecinos para acompañar el recurso de amparo.
“Tenemos la obligación como municipio de ayudar a las familias que recibieron los incrementos, porque son desproporcionados, y muchos no lo podrán afrontar”, remarcó Santillán.