El Gobierno pide que Cristina Kirchner devuelva $ 22.500 millones “de la corrupción en la obra pública”

En una medida que revela un alto nivel de demagogia, y que está en línea con los reclamos que, motorizados por los ‘trolls’, invaden las redes sociales, ahora el Gobierno reclamará a Cristina Kirchner la devolución de $ 22.500 millones, lo que equivale a unos 1.216 millones de dólares, producto de supuestos hechos de corrupción.

Javier Iguacel, administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, se presentó como “actor civil” en la causa penal en la que el juez federal Julián Ercolini tiene previsto elevar a juicio el año próximo, y que se refiere al otorgamiento de obras públicas a Lázaro Báez con sobreprecios.

De esta manera, el Gobierno, a través de Vialidad, le pidió al juez Ercolini un resarcimiento porque los acusados “diseñaron un plan criminal para manejar fraudulentamente fondos del Estado en favor de Austral Construcciones SA y Kank y Costilla SA”, las empresas de Lázaro Báez donde fueron direccionadas el 80 % de las obras públicas realizadas en la provincia de Santa Cruz.

Ercolini ya aceptó a Iguacel como “actor civil”, por lo que en caso de un juicio contra los acusados el Tribunal Oral no sólo deberá resolver si son inocentes o no, sino que también deberá decidir el monto de la indemnización que tendrán que pagar al Estado y que, se estima, serán $ 22.500 millones (unos 1.216 millones de dólares) .

Los acusados a los que se dirige la acción civil son Cristina Kirchner, el ministro de Planificación, Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez, el ex administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti , y José López, el ex secretario de Obras Públicas, entre una lista de unos 30 acusados.

En tanto, el fiscal Gerardo Pollicita pidió hace una semana elevar la causa a juicio oral, medida en la que está trabajando el juez Ercolini, que acusó a los implicados de pertenecer a una asociación ilícita que cometió una administración fraudulenta.

En el caso de la obra pública se acusa a la ex presidenta de ser “jefa de una asociación ilícita” y de haber defraudado al Estado al no velar por sus intereses y favorecer “al amigo presidencial”.

Según el fiscal, “se instauró una maniobra de corrupción” desde el gobierno y organismos estatales vinculados a la obra pública, con quienes “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de obras”.