El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, aseguró que cobró el polémico bono de $ 500 mil de la Sociedad Rural Argentina (SRA) después de consultar a la Oficina Anticorrupción (OA) y de que la titular de la misma, Laura Alonso, lo autorizara.
Justamente, el más nuevo integrante del gabinete tiene una denuncia penal por el cobro indebido de ese bono, que también generó discusiones y malestar en la entidad que conducía antes de asumir el cargo público.
El funcionario argumentó que antes de recibir ese monto, le consultó a la OA si era correcto, y aseguró que le dijeron que “no había inconveniente” y que por eso lo aceptó.
Aunque en principio ese pago fue justificado por el ex titular de la Rural como una bonificación para compensar la pérdida de ingresos que sufriría por las demoras en el pago de su sueldo como ministro, después la argumentación fue cambiando.
En algún momento también se habló de un “reconocimiento” de la entidad ruralista por los cinco años como presidente, lo que también generó polémica en la SRA, ya que varios directivos denunciaron “presiones” de Etchevehere para aprobar el pago.
Pero luego de que Laura Alonso le comunicara al ministro que no correspondía que recibiera ninguna remuneración excepcional de la SRA que no fueran sueldos regulares atrasados, el funcionario cambió su discurso y pasó a afirmar que los $ 500 mil en realidad no correspondían a un bono, sino que se trataba del pago de haberes atrasados como titular de la entidad rural.
“Se cerró la actividad con la entidad anterior, se liquidaron los sueldos pendientes con la mayor transparencia”, reformuló Etchevehere. Sin embargo, el cambio de argumentación no mereció ninguna actuación adicional de la OA.
La dependencia a cargo de Laura Alonso, también le envió al titular de Agroindustria una nota con “Indicaciones y recomendaciones preventivas” en la que aparecen las cinco empresas donde el funcionario tiene participación, que podrían comprometerlo en función del Código de Ética Pública si se cerrara algún negocio con ellas desde su cartera.
“En virtud de la trascendencia de sus funciones sobre el sector agropecuario, deberá evitar la compra de acciones en empresas relacionadas con la actividad, así como integrar asociaciones vinculadas al sector que regula. Los intereses públicos que debe tutelar resultan incompatibles con cualquier interés sectorial”, planteaba la nota.
Mientras tanto, siguen en curso en la Justicia diversas causas contra Etchevehere, algunas impulsadas por su propia hermana Dolores, en los fueros civil, comercial y penal por lavado de dinero, fraude, evasión y otros delitos.