La reciente condena a Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva en Brasil, no hace más que confirmar de qué manera perversa se mueven los hilos de la Justicia en esta parte del mundo, a la hora de intentar frenar procesos que, desde la derecha, no dudan en llamar despectivamente “populistas”.
Al igual que en Argentina -donde se impuso una nueva interpretación de la ley para encarcelar opositores-, en el vecino país se establece que, en casos de corrupción, es suficiente con la presentación de “indicios” y la consecuente presunción de la culpabilidad, a pesar de no existan pruebas concretas.
Por lo tanto, y tal como también ocurrió en Bolivia o Ecuador, hoy por hoy la justicia en América Latina aparece como una auténtica herramienta política destinada a menoscabar liderazgos populares que puedan resultar peligrosos para los grupos de poder real.
Con la tradición de los golpes militares en la página de los malos recuerdos del continente, está demostrado que no es necesario recurrir a los uniformados para lograr los objetivos, sino que es suficiente contar con un Poder Judicial cómplice del gobierno, denunciantes que nunca faltan, el aporte de los servicios de inteligencia, y medios de comunicación que terminen “convenciendo” a la gente sobre la inconveniencia de contar con un Lula quien, como dato no menor precisamente, encabeza las encuestas para las presidenciales de octubre; un Evo Morales, en Bolivia; un Rafael Correa, en Ecuador, o una Cristina Kirchner en Argentina.
Precisamente, en el caso de la ex presidenta, está demostrado cómo la justicia –con el protagonismo de Claudio Bonadio, obsesionado por verla algún día tras las rejas-, evidencia el alevoso alineamiento que los tribunales de Comodoro Py tienen con la Casa Rosada, con la gravedad que implica que las detenciones de los últimos tiempos se llevan adelante sin indagatorias ni prisión preventiva.
Por su parte, el camarista Martín Irurzun inventó una nueva interpretación de la ley para encarcelar con prisión preventiva a los opositores al gobierno de Mauricio Macri. Claro, se trata de una interpretación que no se aplica cuando los acusados son parte de la actual administración…
Y la lógica indica que en esta brutal ofensiva del macrismo a través del llamado ‘partido judicial’, Cristina es la figura más deseada, con numerosas causas armadas en su contra. A manera de ejemplo: pesar de que no surgieron nuevas pruebas que justifiquen retomar esta causa, CFK está acusada de encubrimiento del atentado a la AMIA en base a la denuncia del fallecido Alberto Nisman.
En el caso de Lula, el proceso judicial por momentos resultó surrealista: hubo 73 testimonios en 23 sesiones, y ninguno aportó una sola prueba concreta. Igual se lo acusó de “cómplice pasivo”. La acusación que usaron para frenar su retorno imparable a la presidencia de Brasil fue por un departamento en el balneario popular de Guarujá. Sin embargo, días atrás la justicia embargó ese mismo departamento en un juicio contra el verdadero propietario…