Criminalización de la protesta social y de los pueblos originarios, como así también de los derechos de las mujeres, detenciones indiscriminadas, “retrocesos importantes” en los derechos de los inmigrantes, críticas por las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y por la detención de Milagro Sala, son algunos de los puntos relevantes del informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo 2017/2018 que hoy presenta Amnistía Internacional, y cuyo capítulo dedicado a la Argentina muestra una durísima crítica a la política de derechos humanos del gobierno de Mauricio Macri.
Por ejemplo, califica como “una operación ilegal” de la Gendarmería la que se realizó en la comunidad de Pu Lof durante la cual desapareció Maldonado, destacando que “la investigación sobre su muerte no concluyó”. También recuerda el asesinado del joven mapuche Rafael Nahuel, ocurrido “en el contexto de reclamos sociales”, en los cuales -afirma- ocurrieron “detenciones arbitrarias”.
En tanto, al destacar las políticas “discriminatorias” contra los grupos indígenas el informe sostiene que “las autoridades emplearon procedimientos judiciales para intimidar a los pueblos indígenas, a los que acusaron, entre otras cosas, de sedición, resistencia a la autoridad, robo, tentativa de agresión y homicidio”.
Sobre la violencia contra las mujeres, se destaca que, según datos de la sociedad civil, entre enero y noviembre del año pasado se registraron al menos 254 femicidios. Y denuncia que el Instituto Nacional de las Mujeres y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres “para el período 2017-2019 parecían carecer de los recursos necesarios para su implementación plena”.
Además, cuestiona duramente el decreto de Macri que modificó la ley de migraciones de 2004 para “limitar los derechos de entrada y residencia y potencialmente acelerar las deportaciones”.
Al evaluar el caso del encubrimiento de la investigación del atentado de 1994 contra el edificio de la AMIA, la prestigiosa ONG mundial encargada de velar por los derechos humanos, alertó que un decreto del presidente, de abril de 2017, transfirió documentación clasificada de la Unidad Fiscal Especial al Ministerio de Justicia, lo cual “ponía en peligro la independencia de la investigación y restringía el acceso de la acusación a las pruebas”.
En el capítulo dedicado a las “Marchas y policías”, Amnistía señala que durante una manifestación por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, se produjeron “detenciones indiscriminadas”. Y reveló que “muchas mujeres denunciaron haber sido maltratadas, detenidas y humilladas por las fuerzas policiales; algunas afirmaron que las habían obligado a desnudarse por completo”.
También se revela que en abril “se reprimió con violencia a docentes que se manifestaban en reclamo de salarios justos”. Y se destaca que en septiembre, 31 personas fueron “violentamente detenidas” y retenidas durante más de 48 horas en varias comisarías de la Ciudad de Buenos Aires por participar en una manifestación masiva. Y después hace mención a las protestas de diciembre pasado en contra de la reforma previsional frente al Congreso. Sobre esta marcha, se denunció que “la policía hizo un uso excesivo de la fuerza, y hubo denuncias de detenciones arbitrarias durante las protestas”.
Al recordar el caso de Milagro Sala, Amnistía destaca que “no se atendió el llamamiento del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria a las autoridades nacionales para que procedieran a la liberación inmediata de la líder social y activista” piquetera acusada por delitos de corrupción. “Sólo se atendió parcialmente esa solicitud, ya que las condiciones impuestas no cumplían las normas nacionales e internacionales”, dijo el informe.