En el Gobierno están que trinan. Después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que no habilitó al tribunal que iba a juzgar a Cristina Kirchner, hablan de que allí hay una mayoría “peronista”, dispuesta a proteger a la ex presidenta.
Lo dicen en referencia al propio titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, y los jueces Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti (los dos restantes son Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz).
Por eso mismo, lo dispuesto por la Corte el viernes último generó un profundo malestar en la Casa Rosada, teniendo en cuenta que, además, dio la orden para que se vuelvan a sortear las causas por la distribución de la obra pública durante el gobierno kirchnerista, y el encubrimiento del atentado contra la AMIA.
En los despachos oficiales no hay dudas de la existencia de lo que definen como un auténtico “pacto de impunidad” que sellaron el peronismo y los tres magistrados que firmaron la acordada.
“Es claro el mensaje: el peronismo sólo quiere la impunidad. Con este fallo retrasan como mínimo seis meses los juicios contra la ex presidenta”, dijeron fuentes cercanas al ministro de Justicia, Germán Garavano.
La mayoría de los jueces de la Corte, lo que hicieron fue objetar la burda maniobra en que fueron nombrados los integrantes del Tribunal Oral Federal 9 (TOF9): a dedo, sin concurso ni acuerdo del Senado, y por una mayoría simple (del oficialismo) del Consejo de la Magistratura, en virtud de una ley que impulsó el gobierno de Mauricio Macri que permitió transformar sin más tribunales criminales ordinarios en tribunales federales, pese a que tienen competencias muy distintas.
La acordada firmada es lapidaria con la Cámara de Casación Penal Federal, que había incluido al TOF9 en el sorteo de causas, cuando el máximo tribunal de Justicia todavía no le había dado el visto bueno para funcionar y, casualmente, le habían tocado los casos más resonantes contra la ex presidenta.
Al mismo tiempo, Joaquín Morales Solá exterioriza hoy su enojo desde el diario La Nación –que también es el enojo del oficialismo-, por la libertad del empresario Cristóbal López, a quien define como “un exponente destacado de los tiempos de corrupción kirchnerista”.
A través de una columna que titula “El regreso de la impunidad”, señala que la liberación de López y de Fabián de Sousa, “pero sobre todo el cambio de carátula de la causa que los tenía presos, constituye un verdadero escándalo político y moral”.
Y, como no podría ser de otra manera, apunta sus dardos al kircherismo, al sostener que “los dos jueces que tomaron ambas decisiones son Jorge Ballestero, un viejo aliado kirchnerista que últimamente se había mimetizado con los magistrados independientes, y Eduardo Farah, que suele ir y venir entre los independientes y los dependientes, y que mantiene estrechos lazos con viejos operadores del kirchnerismo en la Justicia”.
En el tramo final de su columna dominguera, Morales Solá lamenta que “cuando parecía que la Justicia había cambiado y que la impunidad no sería en adelante una insistente anomalía, los mensajes de la Justicia son claramente decepcionantes. Lo que está en discusión no es el contenido de las leyes, sino los jueces que las interpretan”.
1 comentario
habrá furia??