Después de más de un año de filtraciones en los medios afines al Gobierno de conversaciones telefónicas privadas entre Cristina Kirchner y el ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, la Corte Suprema de Justicia requirió al Congreso y al juez federal Rodolfo Canicoba Corral que se investigue al órgano bajo su órbita que se encarga de las escuchas.
Esta resolución se registra en el marco de una fuerte tensión entre el Gobierno nacional y el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, por el “control” de la Justicia, por lo que esta decisión de la Corte aumentó, todavía más, el nivel de alerta en el Ejecutivo.
Y sin lugar a dudas es un tiro por elevación que llega, sobre todo, al periodista Luis Majul, quien fue el encargado de difundir esas grabaciones que se replicaron por los distintos medios.
En un fallo breve y unánime, se le solicitó al Congreso que, a través de la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, realice una auditoría en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, que tiene a su cargo las escuchas judiciales.
Además, le requirió al juez Canicoba Corral que informe “si se han detectado circunstancias que permitan atribuir algún tipo de responsabilidad de los agentes de aquella Dirección, si existe alguna observación respecto la forma en la que se desarrollan las tareas que fuera susceptible de afectar los principios de transparencia, confidencialidad custodia, así como cualquier otro elemento que considere relevante”.
La resolución lleva las firmas del presidente de tribunal, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Higthon, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
El pedido es una forma presionar para que se acelere la constitución de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos Actividades de Inteligencia, y se efectúe la auditoría en el cuerpo creado por la Corte, que mantiene autonomía de gestión y “facultades para adoptar, bajo su exclusiva responsabilidad, las decisiones conducentes” para la realización de escuchas.
“Desde la primera oportunidad, esta Corte confirió especial importancia los aspectos de transparencia confidencialidad que debían regir su actuación”, resaltó el máximo tribunal.
Por otra parte, la oficina judicial encargada de la escuchas judiciales y que está a cargo de dos camaristas federales, salió a despegarse del escándalo por la difusión de las conversaciones de Cristina con Parrilli. Las mismas fueron difundidas por Majul, y generaron el pedido de la Corte Suprema para que se investigue lo que pasó.
Al respecto, la dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado emitió un comunicado en el que, además de tomar distancia de esta cuestión, repudió “enérgicamente cualquier difusión pública que se haga de cualquier tipo de contenido” de las escuchas judiciales.
1 comentario
SME gusta el artículo ,espero se aga justicia ,es muy malo escuchar conversaciones ajenas y peor Vajesa es difundirla me gustaría ver preso a majul