Después de este fin de semana larga de Pascua, el Gobierno pondrá el pie en el acelerador para profundizar un plan que ya viene llevando adelante: una brutal ofensiva contra aquellos jueces que le molestan a la administración macrista, por el hecho de haber osado dictar fallos o resoluciones contrarios a los intereses y necesidades de la Casa Rosada.
Esta operación apunta a investigar los patrimonios de los magistrados que están en la mira, y la depuración del fuero federal penal de Comodoro Py, a través del pedido de juicio político a “jueces de mal desempeño”, siempre de acuerdo a la óptica de Cambiemos. Aseguran que todavía abundan las rémoras de activismo judicial kirchnerista, peronista o reacio al cambio, en cualquiera de sus variantes.
Es tanto el resentimiento y la indignación que una seguidilla de dictámenes despertó en los despachos oficiales en los últimos tiempos, que hombres cercanos a Macri se jactan de contar con una lista en la que, aseguran, quienes allí aparecen tienen los días contados.
Se trata de Daniel Rafecas , Ariel Lijo , Rodolfo Canicoba Corral , Luis Rodríguez y Sebastián Casanello, a quienes se suman los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Ana María Figueroa.
En otras palabras, la difusión de esta lista no es otra cosa que una especie de ‘escrache’ por parte del oficialismo, que de esta manera expone públicamente (con la amenaza de que lo seguirá haciendo) a aquellos hombres y mujeres de la Justicia que actúen de forma “inentendible” o contraria a la “defensa de los argentinos”, tal la descalificación del presidente al fallo que alivió la acusación contra el empresario Cristóbal López, pasándolo de fraude al Estado a evasión fiscal.
En este contexto, y con la necesidad de ganar apoyo social, desde las redes sociales un pelotón de cuentas paraoficialistas agita una marcha para el 12 de abril, con la consigna de que #SinJusticiaNoHayRepublica, que justamente apuntará sus dardos contra los jueces y camaristas que se atrevieron a fallar contra los intereses del Gobierno.
Por ahora, la Casa Rosada logró las renuncias del ex juez federal Norberto Oyarbide, de la ex Procuradora general Alejandra Gils Carbó y del camarista de Mar del Plata, Jorge Ferro, además de la destitución del ex camarista Eduardo Freiler. La primera movida oficial para depurar los tribunales de Comodoro Py fue proponer como jefa de los fiscales a Ines Weinberg de Roca, ajena al mundo de los jueces federales.
“Vamos a insistir con depurar la Justicia”, dicen cerca de Macri. Está claro que ese objetivo apunta a contar con un Poder Judicial sumiso, que cumpla a rajatabla con lo que disponga el Gobierno. O, dicho de otra manera, disponer, finalmente, de una “justicia macrista”.
1 comentario
después sigue declarar estado de sitio y encarcelar a todos los que osemos decir que el presidente es corrupto al igual que muchos de sus funcionarios y por eso necesita de un gobierno autoritario y jueces serviles