Envalentonado por la decisión del pasado viernes de echar al fiscal federal Juan Pedro Zoni de la investigación por el Correo Argentino, el presidente Mauricio Macri ordenó que le saquen la causa a la fiscal General de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, para que pase directamente a la Corte Suprema de Justicia y así cerrarla directamente, sin que la familia Macri pague los 70 mil millones que debe (8 veces más que la deuda de Cristóbal López). Como decíamos en una nota anterior, el presidente Macri se cree Luis XIV y afirma sin ponerse colorado “El Estado soy yo”.
Los abogados de la familia Macri pidieron que la Cámara Comercial habilite a los apoderados a recurrir al máximo tribunal y la fiscal se opuso. La Cámara, muy presionada por el presidente quiere sacarle la causa a la fiscal sobre el vaciamiento de la compañía concursada para que la Corte la cierre.
Si la Cámara acepta que vaya a la Corte se terminaría la investigación de la fiscal y la Corte taparía el vaciamiento de la empresa que dirigió mucho tiempo el presidente.
Ya el pasado viernes el procurador interino, Eduardo Casal, desplazó del cargo de fiscal federal a Juan Pedro Zoni, quien tenia a su cargo la investigación penal por la presunta defraudación contra el Estado en el manejo de la causa Correo Argentino (que afecta directamente a la familia Macri). Zoni se encontraba analizando los libros contables de Socma y Sideco Americana para determinar si en las empresas desviaron fondos de Correo a otras compañías del holding en pleno concurso de acreedores.
Macri, con la separación de Zoni frenó el frente penal y ahora necesita frenar el frente comercial. La fiscal Boquín se opone y los abogados de la familia presidencial dicen que “la fiscal de Cámara no es parte de este proceso, por lo que no tiene derecho a ofrecer prueba ni a solicitar informes” y que “ha confundido su funcionalidad con la de los fiscales penales”. Además, se quejó del “protagonismo que excede a todas luces sus facultades, entorpeciendo el procedimiento, con peticiones carentes de todo asidero fáctico y jurídico” y porque la fiscal “requirió de oficio” –es decir motu proprio– pruebas sobre el presunto vaciamiento de la empresa concursada. Correo también dijo a la Justicia que la ley concursal no otorgaría a la fiscalía “función ni atribución alguna que la habilite a actuar en la forma en que lo hace”.
La semana pasada, Boquín contestó los argumentos de la empresa y sostuvo que la Ley del Ministerio Público prevé que los fiscales “no penales” pueden “producir, ofrecer y solicitar la incorporación de prueba, peticionar el dictado de medidas cautelares”, entre otras funciones, “en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”. La ley también habilita a los “fiscales no penales” a “realizar investigaciones en los casos en los que intervengan a fin de esclarecer si hay afectaciones a la Merece recordar que la investigación sobre el vaciamiento dilata la resolución de fondo (cuánto debe pagar finalmente el Correo al Estado),la fiscal también les recordó a los abogados de Correo que “un proceso de concurso preventivo no debería durar más de dos años y este lleva casi 17 años” debido a “dilaciones concedidas” por el juez del caso, anterior a la llegada de Boquín.
“El Estado soy yo”, dijo Macri y echó al fiscal que lo imputó por el Correo Argentino