Una gran victoria para el Grupo Macri. Una durísima derrota para el Estado argentino. De eso se trata la deuda que el Correo Argentino tiene con el país. En las últimas horas se confirmó que el mismísimo presidente, ya no como tal, sino como representante de su familia, mantuvo al menos seis reuniones vinculadas con este escandaloso tema, en las que influyó a la hora de tomar decisiones para condonar la casi totalidad de la deuda que por más de 70 mil millones de pesos mantiene la empresa con el Estado.
Así lo revela hoy el diario La Nación, que precisa que en esos encuentros, Macri recibió a funcionarios del entonces Ministerio de Comunicaciones, que llevaba adelante las negociaciones en el concurso del Correo.
En este contexto, y a la luz de los detalles que ahora se conocen, resulta más que evidente la burda maniobra por la que el viernes pasado fue apartado el fiscal federal Juan Pedro Zoni, que investigaba precisamente esta causa. Macri echó al fiscal que lo imputó por Correo Argentino
Precisamente, esta fue la última documentación que presentó el fiscal antes de ser desplazado, en la que remitió un informe realizado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que analizó diez reuniones que incluyen, además, encuentros entre distintos funcionarios públicos con representantes del Correo.
Concretamente, fue el propio Macri quien ordenó condonar las deudas de su propia familia, aceptando una quita de 70.163 millones de pesos, un 98,82 %. Ahora deberán sólo pagar el 1,18 % de la deuda. Como si fuera poco, se les adjudicó un prudente tiempo de pago para el porcentaje restante: tendrán hasta el 2033 para cancelar la deuda…
Según el Registro de Audiencias Públicas, el 11 de marzo de 2016, el secretario de Tecnología de las Comunicaciones, Héctor Huici, recibió en el ministerio a Jaime Cibils Robirosa, apoderado del Correo, un hombre que trabaja para los Macri. “Juicios de Correo Argentino con el Estado”, fue el tema.
La reunión se volvió a repetir un mes después, pero se agregó a Juan Mocoroa, entonces director de Asuntos Jurídicos del ministerio, el hombre del Estado que después negociaría en el concurso judicial con la empresa de los Macri. Hablaron del mismo tema.
Ya en medio de la negociación en el concurso comercial, los fiscales señalan dos reuniones del presidente. Macri recibió en la Casa Rosada a funcionarios del Ministerio de Comunicaciones el 18 de agosto y el 22 de diciembre, como parte de las reuniones de seguimiento de gestión, según la descripción anotada en el Registro de Audiencias. En algunos encuentros participaron diputados y senadores.
Un par de meses después, en febrero de 2017, estalló el escándalo, luego de que el Estado aceptara una propuesta del Correo para pagar la deuda que la fiscal Gabriela Boquin consideró “abusiva”. El Presidente, entonces, anunció públicamente que el Estado quería que el tema volviera a “foja cero”. Tanto Macri como Aguad y Mocoroa fueron imputados por el fiscal Zoni por negociaciones incompatibles con la función pública.
Un mes después de que estallara el escándalo, Macri volvió a recibir a los funcionarios que protagonizaron el conflicto. En una reunión más reservada -siete invitados-, el presidente volvió a recibir a Aguad, Mocoroa, Irigoin y Huici para tratar temas de “seguimiento de gestión”. Cinco días después se publicaron en el Boletín Oficial los decretos que intentaban reglamentar conflictos de intereses a través de la Oficina Anticorrupción, un coletazo del caso Correo.
El informe de la PIA fue presentado por el fiscal Zoni a mediados de marzo. Hasta ahora el juez federal Ariel Lijo, que instruye la causa, no tomó ninguna de las medidas de prueba pedidas por el fiscal.
En los años ’90, Carlos Menem privatizó el Correo y se lo adjudicaron los Macri. Durante años no pagaron el canon establecido con la excusa de que el Estado no les permitía aumentar las tarifas. En 2001 entró en un concurso preventivo. En paralelo, hicieron juicios al Estado. Al momento de entrar en este concurso, debían 300 millones de pesos (por la convertibilidad, eran 300 millones de dólares).
El Grupo ofreció al Estado pagar el 100 % de la deuda. Pero a valor nominal. Es decir, pagar 300 millones de pesos, sin contar la inflación ni la devaluación en el país. Además de una serie de intereses al 7 % anual sobre saldos al año de pagado la última cuota.