El Ministerio de Seguridad de la provincia informó que las comisarías de la provincia, en la actualidad, atraviesan una situación crítica de hacinamiento tan grave como la de las cárceles. Tienen capacidad para albergar a 1.003 presos, pero alojan a un total de 3.773 detenidos, es decir, un excedente del 276, 2 por ciento.
El informe, publicado por El Día, llegó como respuesta a un pedido de la jueza Liliana Torrisi, del Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, que había iniciado una causa por la superpoblación de personas privadas de la libertad en la seccional octava de La Plata. El relevamiento de Seguridad muestra que esa situación se replica en todas las comisarías de la provincias y que es peor aún que el hacinamiento que existe en las cárceles.
Desde Seguridad aseguraron que “en la actualidad se contabilizan un total de 44 plazas disponibles en dependencias ubicadas en el interior de la Provincia, de las cuales 9 de ellas son destinadas al alojamiento de femeninas y 35 para masculinos, de acuerdo al siguiente detalle: 30 plazas para masculinos en Junín; nueve plazas disponibles para femeninas en Mar del Plata y una plaza disponible para masculinos en Necochea”. Y que por esto “el realojamiento de los detenidos alojados en las dependencias que nos ocupan, en principio sería inviable por insuficiencia de plazas”.
La situación de hacinamiento de los presos en comisarías surge en todas las estadísticas oficiales. Y esa misma realidad, pero a gran escala, se refleja en las unidades penitenciarias de la Provincia de Buenos Aires, donde, según fuentes oficiales, existen en su sistema carcelario casi 40.000 internos, de los cuales unos 10.000 estarían excediendo el límite de capacidad.
Ahora, cuando se consulta a las autoridades cómo están enfrentando el problema, hablan de reacondicionamientos y ampliación de alcaidías y la construcción de una nueva cárcel en Campana, con 860 plazas disponibles. Un número que igual no alcanza ya que para alcanzar una solución razonable, los voceros reconocen que se necesitarían cinco de esas unidades y, para 1.700 detenidos, con un costo de construcción estimado de 2.700 millones de pesos cada una, es decir, un total de 13.500 millones.