La Federación Argentina de Municipios (FAM) emitió en las últimas horas un crítico documento contra el gobierno de Mauricio Macri, en el que al objetar los tarifazos, la suba descontrolada del dólar y la vuelta del país al Fondo Monetario Internacional, plantea cómo esta situación impacta negativamente en la población en general, sobre todo en los sectores más vulnerables.
El organismo, presidido por la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, “exige al gobierno nacional de la Alianza Cambiemos, una distribución más equilibrada de los recursos fiscales, con políticas que apuntalen la regionalización en el marco de un federalismo productivo verdadero”.
Con el título “Crisis social y regreso al FMI”, este es el texto completo de la declaración de la FAM:
Los intendentes municipales trabajan cada día para sostener la paz social y la integridad de las comunidades que administran, frente a las políticas de ajuste del gobierno nacional con el consecuente deterioro social que ellas provocan.
Existe una gran preocupación por el brutal y sistemático aumento de tarifas que hace inviable que cualquier familia o ciudadano pueda realizar su vida con mínima calidad de vida, no pudiendo afrontar el pago de servicios vitales como la provisión de agua potable, energía eléctrica y gas.
Incremento tarifario, que sumado a la cotización descontrolada del dólar, impacta de lleno en el costo de vida generando un incremento desmedido de precios, particularmente en alimentos y medicamentos poniendo en serio riesgo la salud de la población en general y los sectores más vulnerables en particular.
Este daño al entramado social repercute indefectiblemente en el sector productivo, de pequeñas y medianas industrias generadoras de empleo que cierran a diario en todo el país, dejando a familias en la calle.
En este contexto se ve un crecimiento de hechos de inseguridad que requieren más prevención pero sin dudas la re implementación urgente de políticas sociales inclusivas.
Además en el marco de políticas de ajuste y la sub-ejecución de presupuestos, el gobierno nacional transfiere a las provincias e intendencias más responsabilidad achicando recursos, lo que hace inviable una buena administración de los gobiernos locales, cuyos intendentes vienen denunciando además, discriminación en la repartición de ATN (Aportes del Tesoro Nacional).
No podemos dejar de mencionar que los condicionamientos que impone el endeudamiento externo resultan alarmantes. Durante el bienio 2016/2017, el gobierno nacional aumentó la deuda pública en 17 puntos del PBI, del 40% al final del 2015 al 57% al cierre del 2017. Este voluminoso y acelerado endeudamiento involucró la llegada de U$S 52.000 millones nuevos para la Argentina.
El endeudamiento como política de estado de la Alianza Cambiemos se corona con el anuncio del regreso al Fondo Monetario Internacional (FMI) lo que se traduce en hipotecar aún más la vida de generaciones de argentinos en medio de un programa orientado a la precarización laboral, baja de salarios, destrucción del sistema previsional; en definitiva más hambre para hacer frente a los pagos de la deuda externa.
El gobierno de Macri dilapidó uno de los mejores activos de la “herencia recibida” del gobierno anterior, un país desendeudado; sin hacer crecer la economía ni resolver los graves desequilibrios macroeconómicos que hoy atravesamos, evidenciados en el 6,2% del PBI de déficit fiscal y 3,2% de PBI de déficit externo.
Es el mismo gobierno que ahora decidió abandonar la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, institución que constituye una verdadera comunidad de naciones al servicio de los pueblos de la Patria Grande, mediante políticas de integración, infraestructura y desarrollo económico.
Es triste aceptarlo, pero la realidad es que Argentina está siendo señalada como la principal responsable de disparar la disolución de este proyecto ideado e impulsado por líderes populares que tuvieron la visión estratégica de construir un contrapoder al dominio de las finanzas transnacionales y el neoliberalismo.
Esa línea de política exterior explica la indiferencia con que el Poder Ejecutivo Nacional asistió al arresto de Luiz Inácio Lula da Silva, el candidato presidencial con apoyo popular mayoritario en Brasil, en un procedimiento reñido con los preceptos básicos de la imparcialidad judicial, los derechos humanos y la institucionalidad republicana, dirigida a condicionar la representación de las grandes mayorías populares.
En nuestro país la intervención del Partido Justicialista nacional, así lo demuestra, a lo que deben sumarse las persecuciones ejecutadas contra líderes políticos mediante el uso de la Justicia y sus instrumentos para consumar persecuciones políticas y encarcelamientos.
Por todo lo expresado, la Federación Argentina de Municipios exige al gobierno nacional de la Alianza Cambiemos, una distribución más equilibrada de los recursos fiscales, con políticas que apuntalen la regionalización en el marco de un federalismo productivo verdadero.
En definitiva, necesitamos un Estado presente y solidario, con un rol más activo y verdaderamente comprometido en la búsqueda permanente de la Justicia Social.