Se trata de una jugada para la tribuna, porque saben de antemano que llevan las de perder. Pero para los legisladores de Cambiemos –que se quedaron con la sangre en el ojo por no haber podido bloquear la ley antitarifazos-, lo que vale es instalar el tema de que Cristina Kirchner pueda ser echada del Senado, tal como lo intentarán a partir de esta tarde.
El hecho es que en las próximas horas los jefes de los bloques definirán, en la comisión de Labor Parlamentaria, si avanza el tratamiento del pedido de desafuero para la ex presidenta en una reunión en la que deberán ponerse de acuerdo sobre la interpretación del plazo de caducidad del pedido de la Justicia.
El pedido había tomado estado parlamentario durante la sesión del 27 de diciembre pasado, la última de 2017 y, desde ese momento, empezaron a correr los plazos. De acuerdo con la Ley de Inmunidades, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta tiene 60 días, desde el ingreso del pedido de desafuero para emitir dictamen.
En el caso de Cristina, ese plazo se cumplió en marzo y la comisión encabezada por el peronista catamarqueño Dalmacio Mera no debatió la cuestión y, por lo tanto, no emitió opinión al respecto.
Según la legislación, si la Comisión no se expide sobre el pedido de la justicia, el Senado tiene 180 días, desde el ingreso del pedido de desafuero, para debatir la cuestión en el pleno del recinto. Según fuentes del interbloque Cambiemos, esos seis meses se cumplirían el próximo jueves 7.
Por eso, el pedido de sesión especial, firmado por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo reclama que la cuestión sea debatida antes de ese día.
De todas maneras, para lograr quórum en una eventual sesión especial, Cambiemos debería sumar otros doce legisladores a los 25 que integran el interbloque, ya que necesitaría los votos afirmativos de los dos tercios de los presentes para desaforar a la ex presidenta. Números que, se da por descontado, no podrá reunir.
Por su parte, el peronismo, con 24 integrantes, ya avisó -cuando el pedido desafuero del juez Claudio Bonadio arribó al Senado-, que esa instancia sólo es procedente ante una sentencia firme.
Bonadio, enemigo declarado del kirchnerismo, considera a Cristina como la artífice de un plan para fabricar la inocencia de los ciudadanos iraníes acusados de haber perpetrado el atentado a la AMIA, mediante el Memorándum de Entendimiento con Irán firmado en 2013.
En tanto, el viernes pasado la Cámara Federal de Apelaciones porteña detalló mediante un fallo que la muerte del ex fiscal Alberto Nisman, el 18 de enero de 2015, está vinculada a la denuncia que presentó contra CFK y varios de sus entonces funcionarios por el Memorando con Irán.
El oficialismo reaccionó de inmediato después de que la Cámara confirmara que, a su criterio, la muerte del fiscal se trató de un homicidio.
Sabiendo que el éxito no los acompañará en esta jugada, el planteo de Pinedo se leyó como una avanzada de Cambiemos para incomodar a Miguel Ángel Pichetto. El jefe del bloque Justicialista además de los plazos tiene una posición repetida sobre los desafueros: no deben prosperar sin sentencia definitiva.
En el bloque lo niegan, y Pinedo trató de quitarle intención política, pero este planteo de los senadores parece una movida obvia para que Pichetto aparezca como “defensor” de la ex presidente.