Un fiscal imputó al vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, para que se lo investigue por los delitos de conflicto de capitales públicos y privados, al tener “poder de decisión en la empresa Farmacity” que él creó y de la que todavía es accionista, que representa el 53 % de los votos y que le permite el control de la cadena de esas farmacias.
De esta manera se inicia la investigación judicial para determinar si el funcionario cometió algún delito al poseer acciones que le otorgan el control de la empresa farmacéutica, y al mismo tiempo ser uno de los principales funcionarios del Gobierno nacional.
La imputación fue realizada por el fiscal Ramiro González en una denuncia está a cargo del juez Ariel Lijo. La Fiscalía pidió que se requiera a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas presentadas por Quintana desde el año 2015 a la fecha, e indique si se han formado actuaciones o investigaciones administrativas.
A pesar de las contundentes pruebas, días atrás Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, descartó que Quintana aún tenga poder de decisión en Farmacity. Y fue más allá: “Él no tiene injerencia sobre asuntos del Poder Judicial ni asuntos en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la Ley de Ética Pública no hemos encontrado ninguna desviación”, y que “no se ha detectado ninguna situación que pueda poner bajo sospecha penal al vicejefe de Gabinete”.
La causa se inició con motivo de la denuncia formulada por el abogado Daniel Igolnikov, contra Mario Quintana, por presuntos actos de “corrupción”.
Farmacity es una empresa fundada por Quintana y “habría sido favorecida como proveedor de PAMI, por lo que se consideró afectada la ética pública”, señala la denuncia inicial.
Entre otros hechos que son parte ahora de la investigación que abrió el fiscal González, se planteó una “presunta adulteración de documentación” en que habría incurrido el viceministro, con el fin de “habilitar las farmacias de Farmacity en la provincia de Buenos Aires”.
También se indicó que hubo “supuestas influencias en la Corte Suprema de Justicia para controvertir el rechazo a la presunta violación de la ley que rige la profesión farmacéutica”.