El intendente de Paraná, Sergio Varisco (Cambiemos), quedó procesado hoy en la causa que investiga su “acuerdo político” con una organización dedicada al narcotráfico, aunque podrá mantener su libertad con el pago de una fianza de un millón de pesos.
Así lo dispuso el juez federal Leandro Ríos, quien también ordenó la prohibición de salir del país para el jefe comunal y el secuestro de su celular para ser peritado por la Policía Federal. En el fallo también quedan firme la prisión preventiva del concejal Pablo Hernández (Cambiemos) y de la subsecretaria de Seguridad de la capital entrerriana, Griselda Bordeira. Otro dato relevante es que fue citado a declarar el concejal Emanuel Gainza, quien encabezó en 2015 la lista de ediles de la alianza gobernante.
El procesamiento de Varisco cierra todavía más el círculo sobre su relación con “Tavi” Celis, quien fue un activo militante de la campaña del intendente radical que obtuvo la capital entrerriana para la alianza Cambiemos. Pudo determinarse que Celis fue uno de los principales aportantes de la campaña para sellar un “acuerdo político”, tal como lo describe la causa judicial, que le otorgó la facilidad de utilizar móviles y dependencias públicas como parte de su circuito de distribución de estupefacientes.
En el fallo de más de 300 páginas, el juez Ríos ordenó que el intendente de Cambiemos informe sobre posibles cambios de domicilio, se comprometa a cumplir con todas las convocatorias judiciales, y presentarse ante el juzgado todos los viernes en el horario de 7 a 13.
Ríos también prohibió la salida del país del jefe comunal, y dejó expreso en su fallo que “ante un supuesto de incomparecencia sin causa debidamente justificada, como asimismo en caso de quebrantar alguna de las reglas impuestas para mantener su la libertad, se ordenará la inmediata detención”.
Lo llamativo es que Varisco, ya imputado y a pocos días de declarar ante la justicia federal, fue recibido el mes pasado por Mauricio Macri en la Casa Rosada “sin objeciones”, ni del presidente, ni del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que cursó las invitaciones, y mucho menos de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que estaba al tanto de la investigación.
Ahora, con el tema impuesto a nivel nacional, Bullrich (en nombre del gobierno de Mauricio Macri) salió a despegarse del intendente imputado y de sus funcionarios de Cambiemos, con una publicación en las redes sociales valorando el accionar judicial, y tratando de “narcotraficantes” a los involucrados.