Más allá de las declaraciones de rigor, en cuanto a que se trató de una reunión protocolar, etc, etc, etc, lo cierto es que el encuentro entre Mauricio Macri y Ricardo Lorenzetti tuvo un objetivo muy claro: el presidente presionó al titular de la Corte Suprema de Justicia, para que el máximo tribunal archive la causa Correo Argentino, en la cual está involucrada la familia del primer mandatario.
En pocos días más, precisamente la Corte deberá resolver un recurso de queja que los Macri presentaron, en el marco de esa causa tan sensible, por la que piden el desplazamiento de la fiscal Gabriela Boquín.
La familia presidencial no quiere que esa fiscal investigue el vaciamiento del Correo en beneficio de Socma y Sideco, dos de las empresas de Franco Macri, el padre de Mauricio.
Los Macri quieren desplazar a Boquín desde que frenó la condonación de más de 70.000 millones de pesos de la histórica deuda del Correo. En diversos escritos repitieron que “no es parte de este proceso, por lo tanto no tiene derecho a ofrecer prueba, ni a solicitar informes, que nada tienen que ver con el proceso”, la acusaron de tener “un objetivo mediático y político”, y de impulsar una “aventura procesal”.
El objetivo para desplazar a Boquín ya tuvo dos negativas. En primera instancia, por parte de la jueza Marta Cirulli, y luego en la Cámara Comercial, donde las juezas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini ratificaron que el rol de la fiscal es investigar el caso. Estas tres magistradas son parte fundamental en el letargo de más de 15 años que lleva la causa.
Con esta queja a la Corte los Macri gastaron su último recurso procesal. Buscaron también la intervención del procurador interino Eduardo Casal, que sigue las órdenes de la Casa Rosada. Y será él quien deberá opinar si corresponde que el máximo tribunal se expida sobre la cuestión, que es básicamente si un fiscal (en este caso Boquín) tiene la potestad de investigar un caso.
Luego será el turno de la Corte, donde se pondrán en juego las tensiones entre Macri y Lorenzetti, así como las posiciones de los jueces que designó a dedo el presidente, es decir Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. En tanto, la jueza Highton de Nolasco se ubica entre la legalidad y el favor del Gobierno para que siga en el cargo luego de cumplir los 75 años.
En un primer momento, cuando se confirmó la existencia de la reunión –a pesar de que intentaron que fuese secreta-, circuló la versión del inminente alejamiento de Lorenzetti como titular de la Corte. Sin embargo, los voceros del tribunal atribuyeron el trascendido a una “operación”, lanzada por sectores que resisten su continuidad, no sólo en la presidencia de la Corte sino en la integración misma del tribunal, y la vincularon con el tratamiento de la causa por la que la cadena de farmacias Farmacity pretende desembarcar en la provincia de Buenos Aires.