Una situación económica que empeora día tras día y un escenario para nada alentador para los próximos meses, es un cóctel lo suficientemente explosivo como para que desde el Gobierno ya empiecen a analizar con preocupación la posibilidad cierta de desbordes sociales: por estas horas el objetivo es lanzar distintas medidas destinadas a contener las zonas más vulnerables, sobre todo en el conurbano bonaerense.
Y ahí surge el otro aspecto tan temido por quienes se movilizan: la represión que, a no dudar, ordenará la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para poner un freno a los reclamos.
Quienes están cerca de Mauricio Macri lo vienen alertando sobre cómo la crisis está impactando con dureza enlos sectores más desprotegidos de la sociedad, salvajemente perjudicados por una inflación descontrolada, la fuerte devolución del peso y la constante caída del empleo.
Por ese motivo, el presidente imploró a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, para que de manera urgente esa cartera, de manera coordinada con la gobernadora Maríe Eugenia Vidal, se pongan a trabajar en una batería de medidas para amortiguar el peso de la crisis.
En el Gobierno están convencidos de que esas dos mujeres son quienes “humanizan” a una administración que se preocupa más por cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Y al mismo tiempo, es una manera de mostrar una imagen que ponga distancia a las encuestas que muestran un deterioro de la imagen general de los principales referentes del oficialismo.
“En los últimos 60 a 90 días la situación se agravó demasiado: tenemos más necesidades que resolver, desde lo estructural hasta lo más básico, que es un plato de comida”, confesaba un intendente del conurbano.
Una de las razones que permiten, al menos por ahora, mantener una tensa paz con las organizaciones sociales, es el “diálogo permanente”. De todas maneras, en la Casa Rosada miran con desconfianza a los líderes de las organizaciones como Juan Grabois (CTEP), Daniel Menéndez (Barrios de Pie), Emilio Pérsico (Movimiento Evita) o Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
Esta percepción de una inevitable implosión social, es que hay unos 4 millones de personas en estado de pobreza extrema, de las cuales sólo unas 450.000 están incluidas en los programas de asistencialismo.
El escenario que plantean las organizaciones sociales es más complejo, aunque, por ahora, no “explosivo”. Según los relevamientos que hacen cada semana, hay más gente en los comedores, y más adultos sin trabajo, pero por sobre todo hay “miedo al futuro”. Así lo dijo Menéndez, de Barrios de Pie: “La preocupación por lo que viene es enorme. En los cuatro primeros meses del año los alimentos aumentaron un 15 %”.
En su reclamo al Gobierno, los líderes sociales incluyen un aumento de emergencia para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y un aumento de salarios para los programas sociales. Para Menéndez, “la paz social está en riesgo”, y sin esas dos medidas “habrá más protestas en la calle”.
Mientras tanto, para evitar desbordes sociales, Stanley y su equipo, con el aval de las organizaciones sociales, evalúan varios proyectos de ley como el de emergencia alimentaria, un pedido para que el 25 % de toda la obra pública sea llevada adelante por cooperativas, la ley de emergencia en adicciones, y un proyecto ya aprobado que subsidia la agricultura familiar, pero que nunca recibió financiamiento.