La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, de una manera nada sutil abrió las puertas para una posible privatización de YPF, al considerar que la expropiación de la petrolera en el 2012 “fue una irresponsabilidad”, porque se realizó de manera “fraudulenta e ilegal”.
“La nacionalización no fue un error, fue una irresponsabilidad con un costo político y económico inmenso para los argentinos. El gobierno de Cristina Kirchner fue por la confiscación del 51 % de las acciones de YPF de manera fraudulenta e ilegal”, dijo la funcionaria.
Entrevistada por Eduardo Feinmann en radio “La Red”, las palabras de Alonso no suenan inocentes, teniendo en cuenta que lanzó esta declaración mientras se conoció el fallo en contra por parte de la Justicia estadounidense contra YPF, a partir del reclamo de un fondo buitre y que perjudica los intereses de Argentina.
Sin embargo, la titular de la OA parece dejar de lado su función como representante del gobierno de Mauricio Macri para volver a su rol de co-fundadora de ‘Vital Voices Global Partnership’, una fundación financiada entre otros por el Departamento de Estado y Paul Singer (el representante de los fondos buitre que litigaron contra el país).
Para Alonso, “cuando un país firma un contrato, debe cumplirse, esta es la lógica del mundo. El buen camino es cumplir la palabra, cumplir los contratos. Si se quería romper el contrato hay mecanismos para desarmarlo de manera no fraudulenta y legal, sin costo económico para el país”, añadió.
Una de las voces que repudió los dichos de la funcionaria fue la diputada Fernanda Vallejos, quien sostuvo que “esta señora, funcionaria del gobierno que debe defender el patrimonio de los argentinos (YPF), diciendo estas barbaridades, es una vergüenza. El grado de cipayismo es inédito. No parecen funcionarios sino empleados de los fondos buitres celebrando contra la Argentina”.
La Corte del Distrito Sur de Nueva York resolvió ayer que la demanda de un fondo buitre contra la Argentina por la nacionalización de la petrolera YPF se continúe tramitando en ese país y no en los tribunales locales como pretendía el Gobierno.
Se trata de un juicio por unos 3.000 millones de dólares iniciado por el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos para litigar por las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi.
“Esto es algo que, más allá de cómo se termine definiendo porque siempre hay instancias judiciales a las cuales apelar, es evidente que la decisión que tomó en su momento el gobierno de Cristina Kirchner fue una irresponsabilidad”, indicó Alonso.
Y agregó: “Es importante hablar de herencia, porque nos hace repensar sobre el pasado reciente y no volver a repetir errores que a los argentinos nos cuestan caro”.
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1 comentario
Vis vas a ser guzgada por Traicion a la Patria….no te quepa ninguna duda…..