La legisladora Fernanda Vallejos pidió a la Justicia la nulidad del acuerdo Stand By que el FMI le impuso al Ejecutivo. Alerta sobre la “inconstitucionalidad” del convenio. En los fundamentos, la economista advierte con preocupación que el último reporte técnico del Fondo acelera los tiempos y los riesgos de que el Estado “pierda activos estratégicos” y reclama celeridad en el tratamiento. Vallejos también firmó una carta dirigida a la titular del FMI, Christine Lagarde en la que dirigentes políticos, sindicales y del campo popular adelantan que desconocerán la deuda que el Gobierno contrajo con el organismo por considerarla “odiosa y execrable”.
En el marco de la embestida de la oposición para frenar la avanzada del FMI en la Argentina, la diputada del FpV-PJ, la economista Fernanda Vallejos presentó en plena feria judicial la ampliación de un recurso de amparo que impida el remate de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES y de las tierras fiscales, que forman parte del acuerdo Stand By que firmó Mauricio Macri con la presidenta del organismo, Christine Lagarde.
En los fundamentos del amparo, Vallejos explica que el último reporte del Staff técnico del FMI publicado el 13 de julio último precipita los riesgos de que el Gobierno Nacional “venda tierras y liquide los activos del FGS” por ello requirió formalmente la “nulidad e inconstucionalidad” del acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el FMI pidió que se frene de la ejecución del acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional y el FMI” y frene la ejecución del mismo. El recurso cuenta con el patrocinio letrado de los doctores Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis. En sus fundamentos, la legisladora advierte que “es inaceptable la enajenación de un patrimonio estratégico de los argentinos, que constituye un stock, como las tierras o los activos del Fondo que garantiza la sustentabilidad de nuestro Sistema Previsional, con el fin de cubrir gastos corrientes”. En otro fragmento, el escrito recalca que “el sistema de seguridad social argentino no necesita ninguna fuente de financiamiento externa, ya que con los recursos previstos en su presupuesto se encuentra equilibrado”.
Ayer, Vallejos acompañó una carta abierta dirigida a Christine Lagarde, que firmaron legisladores y referentes del FpV-PJ y otros partidos de la oposición junto a dirigentes sindicales de la talla de Pablo Moyano, los secretarios generales de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli, los dirigentes docentes Roberto Baradel, Sonia Aleso y Eduardo López, líderes de los movimientos sociales, de las fábricas recuperadas y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre una larga lista de luchadores de la política, los sindicatos y del campo popular. En la misiva, el cuerpo opositor calificó de “odiosa y execrable” a la deuda que el Gobierno contrajo con el FMI y adelantó a Lagarde que agotará todas las instancias legales para desconocerla. El mensaje a Lagarde está en sintonía con una serie de medidas que viene tomando la oposición para recordarle, tanto al Gobierno como a las autoridades del Fondo, que el acuerdo Stand By tiene carácter inconstitucional porque no fue aprobado por el Congreso de la Nación, tal como lo establece la Carta Magna en su artículo 75 que en sus incisos 4 y 7 señalan taxativamente que es facultad del Congreso “Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación” y “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”, respectivamente. De hecho, el 19 de junio último, los bloques opositores del FpV-PJ, el Movimiento Evita y los que congregan a los partidos de izquierda llevaron adelante una sesión especial en minoría para rechazar el acuerdo con el Fondo. Vallejos presentó asimismo un recurso de amparo de 23 páginas en la que le pide a la Justicia que declare la inconstitucionalidad del acuerdo Stand By. Hoy mismo, formalizó la presentación de una ampliación de dicho amparo por considerar que el “staff report” del 13 de julio acelera los tiempos y confirman los peligros que encierra dicho acuerdo de qué el Gobierno salga a rematar activos estratégicos como el FGS y las tierras fiscales respondiendo a dudosos intereses económicos.