“Flexibilización laboral”: esas dos palabras disparan los peores recuerdos para la sociedad argentina, porque esa fue la fórmula fatídica que arrasó con gran parte de los derechos de los trabajadores en los años ’90 y que terminó de explotar con la caída del gobierno de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001. Pasaron los años, y ahora el “nuevo” Fondo Monetario Internacional (FMI) vuelve a insistir con aplicar ese mecanismo.
Fue a través de un paper del organismo financiero que se conoció en las últimas horas, y a través del cual “recomienda” a la Argentina desplegar un “ambicioso esfuerzo” de reformas estructurales para apuntalar el desarrollo de la economía, entre las que incluye “flexibilizar el mercado laboral”.
En otras palabras, recurriendo a sus viejas recetas del pasado, el Fondo “aconseja” una serie de medidas “ara favorecer una mayor inversión y una mejora en la productividad” facilitar la creación de empresas; reducir los costos para crear un negocio; abrir más la economía al comercio internacional; flexibilizar el mercado laboral; bajar la carga tributaria e impulsar regulaciones “favorables a la competencia que impulsarían el crecimiento principalmente a través de un mayor empleo y eficiencia”.
“Las reformas estructurales tomarán tiempo en materializarse, pero son esenciales para impulsar el potencial económico de manera sostenida”, concluye el trabajo elaborado por el organismo que dirige Christine Lagarde.
El informe remarca que la economía argentina “ha mostrado un rendimiento de la productividad decepcionante” en las últimas décadas, al indicar que el crecimiento anual de la productividad laboral desde 1980 “ha sido cercano a cero”, mientras que “las economías emergentes han mostrado mejoras anuales promedio de 2,5%”.
El paper insiste en lo que es uno de los temas más sensibles y polémicos dentro del menú de reformas estructurales: la flexibilización del mercado laboral, ya que hay un fuerte rechazo entre sindicatos y trabajadores, teniendo en cuenta que se reducen los derechos laborales.
“Las estrictas regulaciones del mercado laboral, como los altos costos de despido y las restricciones al empleo temporal, obstaculizan la asignación eficiente de recursos en la economía, desalientan la inversión y conducen a la subutilización de la mano de obra y la informalidad”, señala el trabajo del Fondo.
El proyecto que en las próximas semanas será enviado al Congreso, incluye, entre otros puntos, la reducción del tiempo para demandar al empleador (pasará de dos años a tan sólo uno de plazo) y la exclusión de las horas extras en el cálculo de las indemnizaciones en caso de despido, además de cambios en las contribuciones patronales y en la Ley de Contrato de Trabajo.