En una puesta en escena perfectamente montada, esta mañana Ángelo Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, se presentó a primera hora en los tribunales de Comodoro Py y ofreció “colaborar” en la causa donde la constructora Iecsa aparece en los ‘cuadernos truchos’ del remisero Oscar Centeno.
Pero, claro, el empresario quedó imputado pero en libertad. Fuentes próximas al presidente confirman que este fin de semana el propio Macri se comunicó con el juez Claudio Bonadio, a quien le transmitió un mensaje contundente: “Ojo, a mi primo no lo vas a meter en cana”.
Según trascendió, Calcaterra reconoció haber entregado coimas a funcionarios kirchneristas, presuntamente para las campañas de 2013 y 2015, en el marco de su declaración como arrepentido en la causa. Eso sí, aseguró que lo hizo “presionado” por los funcionarios para no quedarse sin obras públicas que realizar.
De este manera, el empresario, ex dueño de Iecsa entre 2007 y 2016, y a pesar de que su firma aparece comprometida en los famosos cuadernos de Centeno no quedó detenido como sí lo están otras personas involucradas, como el ex CEO de Iecsa, Javier Sánchez Caballero, quien anunció su intención de declarar como testigo protegido.
Sánchez Caballero es uno de los empresarios detenidos y estaba previsto que en esa condición se presentase a ampliar su declaración. Hasta ahora, el único que había solicitado ingresar a ese régimen de protección fue el empresario de Isolux, Juan De Goycochea, quien mantuvo vínculos comerciales con la familia Macri, que también fue propietaria de la compañía que después pasó a comandar Calcaterra.
Después de su declaración, trascendió que el primo de Macri admitió haber entregado dinero a los funcionarios del ex Ministerio de Planificación para liberar contrataciones de obras públicas, tal como aparece en las imágenes de los cuadernos que hasta ahora no fueron localizados, y que Centeno, ex chofer del ex secretario Roberto Baratta, dijo haber quemado.
Según el Código Penal, es delito tanto cobrar como pagar coimas y tienen la misma pena, por lo que su argumento no lo exime de responsabilidad por el pago de coimas. Con la ley del Arrepentido, Calcaterra podría negociar una reducción de su pena a cambio de complicar más a los funcionarios del gobierno anterior.
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