Los querellantes de Villa Itatí rechazaron hoy la competencia del juez federal con competencia electoral, Adolfo Gabino Ziulu, para unificar las causas de aportantes truchos y quedarse con la investigación que podría poner en jaque a la gobernadora María Eugenia Vidal, por su carácter de presidenta del PRO bonaerense.
En el escrito, al que accedió INFO135, las víctimas patrocinadas por el letrado Luis Alén pidieron al juez Criminal y Correccional Nº 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, que “rechace el planteo inhibitorio suscitado por el Juez Electoral subrogante Adolfo Ziulu y mantenga su competencia para entender en la presente causa”. Entre los argumentos que usa la defensa están que los delitos que investiga Kreplak no se circunscriben a lo electoral sino que son de carácter penal como la falsificación de afiliación al PRO, la falsificación de constancias de aportes y también el origen del dinero aportado a la campaña del partido gobernante.
“Aquí se ha advertido la comisión de delitos que no son de competencia de los Juzgados Electorales sino de los Penales. No tendría ningún sentido que se tuviera que esperar hasta que se concluyeran las actuaciones en las que interviene el Juez Electoral Ziulu para que se pudiera investigar quién falsificó las constancias de aportes, haciendo
figurar en ellas nuestros nombres y por lo tanto haciendo uso de esos documentos falsos, y apropiándose de nuestra identidad para fines que no decidimos ni quisimos, o quién las insertó en las declaraciones presentadas por la Alianza Cambiemos, o quién falsificó las constancias de afiliación al partido Pro, usando nuevamente sin nuestro consentimiento ni voluntad nuestros nombres para hacerlos aparecer como afiliados a dicho partido, o cuál es
el verdadero origen de los fondos aportados, que se intentó disfrazar con la utilización de nuestros nombres”, sostiene la querella.
En otro párrafo remarca que ” es clarísimo también que, si bien algunas de las conductas denunciadas se cometieron durante la campaña electoral del año 2017, otras ocurrieron en otros momentos y se distinguen de cualquier confusión que pudiera tenerse respecto de qué es lo que se investiga en autos. Nos referimos a las falsas afiliaciones, cuestión que aparentemente tanto el Juez Electoral como los apoderados del Pro y el Fiscal designado para intervenir en la cuestión electoral desconocen”.
Por todo lo anterior, la querella concluye que “no existen motivos para que V.S. decline su competencia a favor del Juez Electoral. Puede este tranquilamente continuar con el cometido que le fijan las leyes, sin que precise acumular estas actuaciones a las que tramitan en su órbita. Es más: ni siquiera existe la cuestión de competencia planteada, ya que, como se señalara antes, los objetos procesales de esta causa y de la que tramita ante el Juzgado Electoral son distintas, como lo son las competencias atribuidas por el sistema legal a V.S. como Juez Federal en lo
Criminal y Correccional y a Ziulu como Juez subrogante a cargo del Juzgado Electoral”.
En el escrito se agrega que “tampoco corresponde la intervención de la Cámara Nacional Electoral, ya que no está en discusión la facultad de los Tribunales Electorales para intervenir en las cuestiones que les atribuyen las leyes y que ya detalláramos, como tampoco deben estarlo las que competen a los Tribunales en lo Criminal y Correccional”. En su resolución pidiendo hacerse cargo de todas las causas de aportantes truchos, Ziulu había pedido a los jueces penales que si no estaban de acuerdo recurrieran a la Cámara para que defina a quién corresponde la competencia.
En la presentación también advierten que, en caso de denegar el pedido parcial o totalmente, la querella podría “acudir a instancias superiores como la Cámara Federal de Casación Penal, y ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de la vía del Recurso Extraordinario”.