Ya es oficial: el Gobierno nacional tiene resuelto eliminar todos los subsidios en su intento para cumplir con la meta de déficit cero. Lo grave es que, en materia de energía, el próximo paso en ese camino será dejar sin efecto la tarifa social que beneficia a los usuarios de menores recursos.
Se trata de un subsidio que aplicaba directamente la Nación, y que se venía instrumentando a través de un descuento en la tarifa que la distribuidora nacional Cammesa aplica a las prestatarias provinciales.
De esta manera, Macri se desentendió por completo de asistir a los sectores más postergados al mismo tiempo que avanza en la dolarización de las tarifas que, desde su llegada a la Casa Rosada, en el caso de la luz, subió más de un 1.800 %.
La medida fue adoptada a través de una resolución del ministerio de Energía, que de esa manera dispuso eliminar la tarifa social, que protegía a los consumidores del servicio eléctrico con mayor grado de vulnerabilidad. La medida -Resolución 122/2018- lleva la firma del titular de esa cartera, Javier Iguacel, y establece la eliminación del beneficio mediante su traspaso a las provincias.
En la práctica, deja al 28 % de los usuarios del conurbano bonaerense sin el beneficio, al menos hasta que el gobierno de María Eugenia Vidal, si así lo dispone, instrumente una medida que significará un desembolso extra de subsidios, más allá de los 25 mil millones que implica el traspaso del sistema de transporte interurbano, otro de los traspados que el acuerdo con el FMI le entregó la Nación a Buenos Aires.
La tarifa social protegía con descuentos de hasta el 40 % a los usuarios que se encontraran dentro de un rango de consumo de entre 150 y 200 kw/h por mes. El problema es que hoy, la normativa provincial cobija al 2 % de los usuarios bajo ese régimen, aunque se calcula que uno de cada cuatro usuarios lo obtuvo.
En la resolución se expresa que “para la continuidad del beneficio de la Tarifa Social resulta indispensable la contribución de las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el financiamiento de su aplicación en relación con los usuarios domiciliados en dichas jurisdicciones”.
Sin lugar a dudas, la quita de este beneficio significará un golpe mortal que se sumará al aumento de tarifas previsto a partir de los consumos de septiembre, que promediará un 30 %para los usuarios residenciales.