El Ministerio de Justicia bonaerense elaboró una lista con 1421 presos que estarían en condiciones de acceder a la prisión domiciliaria y liberar así espacio en las cárceles que están hacinadas y generar de paso un ahorro significativo.
La idea, que trascendió ayer, generó fuertes críticas de la oposición y obligó a la cartera que conduce el ministro Gustavo Ferrari a desmentir que haya hecho tal recomendación a los jueces correccionales. La aclaración fue que no recomendó liberarlos sino que analiza qué número de internos está en condiciones de cumplir con el beneficio de la prisión domiciliaria mediante el uso de tobillera y que se trata de mujeres con hijos, embarazadas, personas con enfermedades y detenidos por delitos menores como “amenazas, encubrimiento, resistencia a la autoridad”.
La primera razón para liberarlos es la falta de espacio pero la segunda, tan importante como la primera es el ahorro que quiere hacer Vidal. El alquiler de una tobillera a las diversas empresas que las proveen cuesta “mucho menos” que los poco más de $33 mil que gasta el Servicio Penitenciario en mantener un preso por mes.
En paralelo, desde el gobierno también confirmaron que hay un operativo para devolver a sus países de origen a los extranjeros que cumplieron más de la mitad de la condena y que también les corresponde ser deportados. Hay 300 personas en esa condición.