Mientras el dictamen del juez Claudio Bonadio contra Cristina Kirchner era previsible, además de muy débil en cuanto a su argumentación, por estas horas desde el Gobierno no dejan de presionar a la Justicia para que actúe con la mayor rapidez posible, y así poder determinar cuanto antes la responsabilidad de la ex presidenta como presunta jefa de una asociación ilícita.
La resolución magistrado era algo que la administración macrista esperaba con ansiedad desde que estalló el escándalo de los cuadernos de las coimas, sabiendo que más temprano que tarde Bonadio iba a fallar como lo hizo.
El encargado de fijar la postura de la Casa Rosada fue el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien pidió celeridad en el proceso “para determinar cuanto antes si Cristina es culpable”. El funcionario destacó que “se trata de un avance muy importante en una causa que expone un mecanismo muy aceitado de corrupción”.
Por su parte, el periodista Raúl Kollman hoy desgrana detalladamente en Página/12 la inconsistencia del dictamen del juez que, obsesionado como está con la ex presidenta, “no aporta ninguna evidencia de dónde están los dólares ni los bienes ni las cuentas ni las sociedades ni las bóvedas con el dinero del enriquecimiento”.
Asimismo, destaca que “tampoco hay testigos o arrepentidos que digan que arreglaron algo o le entregaron algo a la ex mandataria, salvo el caso de José López, quien se despachó con la versión de que habló con Cristina sobre recaudación de plata, y “supone” que ella le mandó los 9 millones de dólares que le encontraron cuando los tiró en el convento”.
El juez no pedirá por ahora el desafuero de CFK –necesario para detenerla–, sino que esperará lo que resuelva la Cámara Federal, adicta a la Casa Rosada, cuando lleguen las apelaciones. Argumenta que Cristina podría entorpecer la investigación.
La imputación no tiene sorpresas ni revelaciones. Básicamente se acusa a Cristina y a Néstor Kirchner de ser jefes de una asociación ilícita que recaudó dinero de manera ilegal para enriquecerse. El fallo señala que una pequeña parte de lo que se juntaba se usó para la política, pero que el punto central era que recaudaban para su propio beneficio.
Respecto de los empresarios,el fallo dice que se beneficiaban ganando plata con obras en las que cobraban sobreprecios. El juez calcula que pagaron unos 55 millones de coimas, aunque no hay ninguna evidencia de una cifra de esa naturaleza. Por ejemplo, la empresa de Angelo Calcaterra, el primo del presidente, figura con pagos de 13 millones de dólares, pero él dice que sólo puso 300 mil dólares. En el escrito de ayer, Iecsa aparece como la mayor pagadora de coimas.
En tanto, la acusación contra la ex presidenta se basa esencialmente en una serie de especulaciones y en un arrepentido falso por donde se lo mire: José López. El ex secretario de Obras Públicas dice que se vio con CFK en enero de 2011 y que ella le dijo que debía seguir recaudando. No hay testigos de ese encuentro. Dice que cinco años más tarde lo llamó Fabián Gutiérrez, ex secretario de Néstor Kirchner, y le dijo que había que guardar un dinero. Eso fue el 13 de junio de 2016.
Kollman revela que López dice que “cree” que Gutiérrez era mandado por CFK y que le dio los 9 millones de dólares. O sea que no le consta –como hicieron creer los medios estos días– que el dinero provenía de la ex mandataria. La versión no tiene asidero. Está probado que el dinero que López llevó al convento estaba en su casa desde hacía tiempo, al lado del tanque de agua, y con la humedad de ese ambiente. Además, CFK no tenía relación con Gutiérrez desde 2011.
En referencia a esta modalidad de la coima, no hay tampoco en el procesamiento ninguna mención a pagos precisos y menos todavía pagos que de alguna manera se puedan verificar que fueron para CFK, por ejemplo. Además, a ninguno de los principales imputados, empezando por CFK, De Vido, Baratta, se le detectaron bienes provenientes de ese supuesto enriquecimiento ilícito por el que fueron procesados.