El juez Criminal y Correccional Nº 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, rechazó hoy la competencia del juez federal con competencia electoral, Adolfo Gabino Ziulu, para unificar las causas de aportantes truchos y quedarse con la investigación que podría poner en jaque a la gobernadora María Eugenia Vidal, por su carácter de presidenta del PRO bonaerense.
Ziulu había emitido una resolución el miércoles 29 de agosto en la que se declaró competente para investigar el caso y pidió al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 de la Capital Federal, a cargo del juez Sebastián Casanello, como al Juzgado a cargo de Kreplak que le remitan las actuaciones y que, si no están de acuerdo, vayan a la Cámara Electoral para que dirima de quién es la competencia.
Después de correr vista a la querella y la fiscal federal Ana Russo, y de que ambas rechacen el pedido de inhibitoria de Ziulu, Kreplak rechazó el pedido en un extenso escrito al que accedió INFO135. En la resolución, el magistrado analiza punto por punto los argumentos esgrimidos por Ziulu para concluir que cada fuero investiga delitos distintos – el electoral las infracciones a la ley 26.215 de financiamiento de partidos políticos y el penal falsificación de documentos, identidad y hasta posible lavado de dinero- y que cada uno debe seguir su curso por separado y en paralelo.
El juez explica que “en sede electoral, en el marco del trámite previsto por la ley de financiamiento de los partidos políticos, se encuentran bajo análisis los informes de gastos de campaña correspondientes a las elecciones del año
2017 presentados por la Alianza Cambiemos. De dicho proceso resultará la aprobación o desaprobación de esos informes y, eventualmente, ante la detección de infracciones a las pautas fijadas por dicha norma, el juez electoral aplicará las sanciones de multas o inhabilitación a la que se refiere el título V de la aludida ley 26.215”.
Detalla que en su juzgado, en cambio, “se han iniciado investigaciones con el objeto de esclarecer hechos que podrían implicar la comisión de ilícitos penales que claramente exceden la materia electoral. El objeto procesal trazado por el Ministerio Público Fiscal subsume a priori, según su punto de vista, en delitos de carácter económico, contra la fe pública y el resguardo de datos relacionados a la identidad de personas reservados en organismos públicos”.
“El objeto de las presentes actuaciones no sólo involucra las falsedades detectadas en torno a la identidad de los supuestos aportantes particulares, sino el modo en que dicha información identitaria pudo haberse obtenido, el uso que a dichas identidades pudo haberse dado y el origen real de los fondos declarados como aportados por quienes no lo habrían hecho, cuanto menos. Estos interrogantes involucran como hipótesis la comisión de diversos tipos penales -identificados preliminarmente por las partes-, previstos a priori por el Código Penal. Esto es, ajenos en principio a
la legislación específicamente electoral y, por ende, a la competencia del juez electoral”, detalla Kreplak.
Por ultimo, concluye que “en el caso bajo análisis corresponde que los procesos continúen en forma simultánea. El control del financiamiento de la campaña electoral de la Alianza Cambiemos para las elecciones del año 2017 correspondiente al distrito Provincia de Buenos Aires debe continuar su trámite ante el Juzgado Electoral, mientras que la investigación instada por el Ministerio Público Fiscal para esclarecer presuntos ilícitos penales, debe continuar en sede penal”.
Además, Kreplak rechaza el pedido de Ziulu para que la cuestión de la competencia sea resuelta por la Cámara Nacional Electoral y sostiene que debe ser la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata la que debe actuar en ese sentido ya que la investigación sobre los aportantes truchos comenzó en el fuero penal antes que en el electoral.