El titular del bloque de diputados del FPV, Agustín Rossi, anticipó que a partir de mañana “vamos a buscar el acompañamiento de todas las bancadas opositoras para derogar la resolución” que obliga a los usuarios a pagar un cargo extra a las empresas de gas por la suba del dólar: “Es un escándalo, y es debido a la devaluación que ha llevado a cabo el gobierno”.
Asimismo, el legislador adelantó que “vamos a pedir la interpelación del secretario de Energia, Javier Iguacel, para que nos explique cuáles son los motivos para perjudicar al conjunto de los argentinos”.
Durante una entrevista en FM La Patriada, Rossi además habló sobre el debate que se está dando en torno al presupuesto, y dijo que “el gobierno quiere instalar desde los medios que tiene el número para aprobarlo y yo no estoy seguro”, por lo que “vamos a tratar de construir el número necesario para que este proyecto, tal cual fue presentado no se apruebe”.
Sobre el mismo tema, llamó a debatir “sobre un presupuesto real”, porque “lo que presentó el gobierno está desactualizado en sus variables económicas, y en segundo lugar, porque es un presupuesto que convalida el ajuste”.
Por otra parte, el bloque del FpV-PJ presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados, en el que rechaza el nuevo acuerdo con el FMI y alerta sobre la pérdida de soberanía y los condicionamientos a las provincias y los futuros gobiernos, al tiempo que reclama al Ejecutivo que se abstenga de recibir el dinero hasta que se trate y apruebe en el Congreso.
Por iniciativa de Rossi y Fernanda Vallejos, se le advierte textualmente al Ejecutivo que “se abstenga de recibir cualquier tipo de desembolso del FMI hasta que dicho acuerdo haya sido aprobado por el Congreso, por ser dicho memorándum improcedente e inconstitucional”.
En esta misma línea de razonamiento, Vallejos presentó el jueves pasado en Tribunales un escrito solicitando la ampliación de un amparo contra el Poder Ejecutivo, en el que exige la nulidad del acuerdo con el FMI y solicita al Gobierno que informe sobre los términos y las condiciones suscriptas en la letra chica del convenio, que homologó el presidente Mauricio Macri el 27 de setiembre último, sin la aprobación del Congreso.