Con el trasfondo de una campaña que busca la separación de la Iglesia y el Estado, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anunciaría en los próximos días su intención de prescindir de modo progresivo del aporte económico del Estado –unos $ 140 millones este año-, que apenas representa 7 % del presupuesto eclesiástico, pero que tiene un alto significado político.
A partir de mañana, se realizará la Asamblea Plenaria de fin de año en la que, trascendió, podría anunciarse una inesperada medida. En el centro de conferencias conocido como El Cenáculo-La Montonera, ubicado en la localidad bonaerense de Pilar, se reunirán obispos de todo el país, guiados por el titular de la CEA, monseñor Oscar Ojea, para debatir a lo largo de toda la semana y emitir una conclusión el viernes 9.
En agosto, la conducción de la Iglesia argentina había anunciado la conformación de una comisión con representantes del Gobierno para estudiar cómo sería el desacople y mecanismos alternativos de financiamiento, que se viene reuniendo con cierta periodicidad.
Pese a que la Iglesia hace más de dos décadas decidió avanzar en su completo autofinanciamiento, nunca terminaron de avanzar los esfuerzos en ese sentido como la puesta en marcha de un llamado Plan Compartir para dotar de transparencia a su economía y crear conciencia entre los fieles sobre la necesidad de sostener su culto.
Y esta cuestión recobró un renovado impulso en los últimos tiempos, a propósito del debate por la legalización del aborto, oportunidad en la que se alzaron cada vez más voces reclamando la separación entre la Iglesia y el Estado.
Por una ley de la última dictadura militar, el sostenimiento se tradujo en una asignación mensual a cada uno de los obispos (hoy alrededor de un centenar), que en la actualidad ronda los $ 40 mil, y otra pequeña a párrocos de frontera y seminaristas diocesanos. Este aporte –a los que se suman ayudas menores- totalizan $ 140 millones que está procurando prescindir la Iglesia.
Con todo, siempre queda la posibilidad de que el Estado otorgue beneficios impositivos u otorgue incentivos a quienes quieran donar que no deben alcanzar solo a la Iglesia católica, sino a las demás confesiones y, en general, a las entidades de bien púbico.
Como contrapartida, la prescindencia de los fondos del Estado podría fortalecer el sentido de pertenencia a la Iglesia, acallar críticas de otras confesiones –en especial, las evangélicas- y de los ciudadanos no religiosos que se niegan a costearla con sus impuestos.