A medida que crece el descontento popular y el control de las calles se convirtió en una obsesión para el Gobierno, no es casual que la administración macrista envíe en los próximos días al Congreso un paquete de reformas al Código Penal, en el que se contempla un endurecimiento en las penas por cortar el tránsito, así como la creación del delito de incumplimiento y prohibición de ingresar al país para los migrantes.
Fue el propio Mauricio Macri el encargado de ordenar que se apuren los últimos detalles del texto para girarlo al Senado, y que empiece a discutirse después del proyecto de Presupuesto 2019.
Una comisión encabezada por el camarista federal Mariano Borinsky trabajó en el anteproyecto durante un año y medio, y se sabe que el Código pasará de 320 artículos a 540 y buscará sistematizar leyes con contenido penal que estaban dispersas. En el Gobierno están seguros que plantear estas cuestiones, tendrá el apoyo de buena parte de la opinión pública.
“Es un Código Penal que defiende valores que venimos planteando, el valor de la convivencia en la calle que ha tenido muy pocas sanciones. Eso tiene que empezar a cambiar. Y los extranjeros que violan la ley, reincidentes, deben tener consecuencias”, dijo un alto funcionario sobre estos aspectos de la iniciativa.
El proyecto aumenta la escala penal de un máximo de dos años a entre seis meses y tres años de prisión por “detener o entorpecer” la marcha de medios de transporte público y también de los privados sin autorización. Con esa redacción el corte no constituiría delito únicamente si interrumpe el tránsito de privados con el permiso del Estado.
A su vez, el juez interviniente tendrá que analizar en cada caso la existencia de vías de circulación alternativas, que no se cometan lesiones y daños, que no se impida “el ejercicio de derechos personalísimos” y la urgencia del reclamo, entre otros puntos.
En tanto, el nuevo Código incorpora una figura agravada para los migrantes que usan documentación falsa y para quienes incumplan la prohibición de reingresar a Argentina luego de una expulsión por sentencia condenatoria judicial. Para el último caso contempla prisión de uno a cuatro años. A eso se sumará la discusión para endurecer la ley migratoria, con negociaciones entre el Gobierno y un sector del peronismo para agilizar las expulsiones.