Mientras la CGT desalienta la posibilidad de convocar a un paro general por el acuerdo al que arribó ayer con el Gobierno para el pago de un bono de hasta $ 5000 a pagarse en dos cuotas, los jefes de las dos CTA (Hugo Yasky y Pablo Micheli) criticaron con dureza esa modalidad, y ya algunos sectores abrieron el paraguas para advertir sobre las dificultades para cumplir con esa “compensación extraordinaria”.
En tanto, de acuerdo al texto difundido por el Ministerio de Producción y Trabajo, en el acuerdo firmado se habla sobre una “compensación extraordinaria no remunerativa de hasta 5000 pesos a pagarse en dos tramos”. El “de hasta 5000 pesos” deja en claro el hecho de que el bono no llegará, en todos los sectores laborales, a alcanzar esa módica suma sino que será el tope máximo.
En el documento se destaca que el objetivo del bono es “recomponer el salario real de los trabajadores”, pero “la aplicación del bono se definirá de acuerdo a la situación de cada sector”. De esta manera, los sectores que no tengan condiciones económicas favorables no podrán hacer frente al pago de ese bono.
Para Hugo Yasky, “se trata de un paquete de humo, no existe”. Y cuestionó que la compensación de $ 5000 a pagar en dos cuotas (noviembre y enero) sea destinada “a quienes puedan pagarlo y en una cifra indeterminada”.
Por su parte, Pablo Micheli sostuvo que “si el Gobierno no lo da a los estatales, ¿qué empresario lo va a querer pagar después?”, y que le parece “una falta de respeto. Además que un bono es plata en negro que no viene a suplir el agujero que nos ha dejado la devaluación y el altísimo costo de vida, el aumento de alimentos y productos”.
En las últimas horas Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la Unión Industrial (UIA) y titular de Copal, que nuclea a las industrias de alimentos, advirtió que “seis de cada 10 empresas no podrían hacer frente al bono”, y agregó que habría que encontrar formas de financiarlo: “Si no se puede pagar en dos cuotas, y se pueden pagar en 3 o en 4, se puede acordar en un marco de las negociaciones con los sectores respectivos de trabajadores y empresarios”.
Por su parte, desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) ya avisaron sobre la imposibilidad de pequeños y medianos comercios para cumplir con el pago del bono para sus empleados.
En tanto, el secretario general de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) , Roberto Fernández, puso en duda que se convoque a un paro general de 36 horas por el ajuste, y destacó que el gobierno nacional se abrió al diálogo.
“Mientras haya diálogo, el paro de 36 horas se puede anular”, sostuvo Fernández, quien dijo que es bueno que “el Gobierno se haya sentado para afrontar lo mal que están los trabajadores”. Si bien reconoció que la crisis económica impacta el poder adquisitivo de los trabajadores, destacó que es “positivo” que el gobierno reúna a los sectores empresarios y a los sindicatos.