“Cuando hay poco es mejor que nada”, dijo el secretario general de la CGT, Héctor Daer, para referirse al bono de $ 5000 que en dos cuotas a pagarse en noviembre y enero, recibirán los trabajadores privados. De esta manera, el dirigente no sólo admite que se trata de una limosna, sino que, a pesar de eso, esa es la razón que llevó a la central obrera a desactivar el paro general que tenía previsto impulsar en la segunda quincena de este mes.
Sin embargo, para Daer “esto no es una resignación, es poner una suma de 5 mil pesos en discusión porque el 76 % de los trabajadores convencionados aún no pudo readecuar sus salarios”.
Eso sí, reconoce que “sabemos que no alcanza, pero es a lo que llegamos y es lo que hay. Y desde ahí buscaremos la recomposición salarial de todos”, algo casi imposible de concretar, teniendo en cuenta que según el Indec la pérdida del poder adquisitivo llegó al 9,3 % en septiembre.
No deja de llamar la atención que para uno de los dos referentes de la CGT “este decreto por el cual esperamos la firma del presidente tiene que ser de 5.000 pesos en la mano del trabajador que permitirá hacer girar la rueda del consumo”, teniendo en cuenta que esa cifra equivaldría, por ejemplo, a la compra de un kilo de pan diario a lo largo de dos meses.
Pese a la obligatoriedad para los privados, la Unión Indistrial Argentina (UIA) advirtió que el 60 % de las empresas no podrán hacer frente al pago de un plus de fin de año. Así lo dijo uno de los vicepresidentes de la entidad fabril, Daniel Funes de Rioja, quien aclaró que el plus sería para “aquellos convenios que firmaron subas del 15 o 20 %”.
Es más, anticipó que “si no se puede pagar en dos cuotas, y se puede pagar en tres o en cuatro, se podría acordar en un marco de negociaciones entre trabajadores y empresarios”, y que “tampoco podríamos garantizar que en este contexto no se puedan seguir produciendo despidos”.
Por otra parte, en el decreto se establece hasta el 31 de marzo de 2019 un procedimiento por el cual los empleadores, antes de disponer despidos sin justa causa, deberán comunicar la decisión al ministerio de Producción y Trabajo con una anticipación no menor a diez días hábiles de hacerla efectiva”.