La Iglesia argentina resolvió que marchará hacia un esquema de “reemplazo gradual” de los aportes del Estado que reciben los obispos por un esquema de auto sustentabilidad, con el objetivo de tener mayor independencia de los gobiernos.
Así se manifestaron esta tarde los 94 obispos reunidos en la Conferencia Episcopal (CEA) -que en los últimos cinco días deliberó en Pilar-, lo que marca, más allá de la separación gradual de la Iglesia con el Estado, una postura más dura con la administración de Mauricio Macri, que se tensó con la habilitación del presidente a debatir el tema del aborto en el Congreso.
De hecho, en su homilía del lunes, el titular de la CEA, monseñor Oscar Ojea, destacó que la Argentina transita una crisis social y económica que “golpea a todo el pueblo argentino”, y que “va resintiendo la confianza en la dirigencia política aumentando el mal humor social, el enojo y la intolerancia que hace muy crispada la convivencia”.
En cuanto a este “reemplazo gradual de los aportes del Estado”, la cúpula eclesiástica aclara que en su lugar se profundizará en “alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles”, en tanto conformó una comisión que trabajará en la creación de un fondo solidario, además de continuar en diálogo con el Gobierno nacional para consensuar “diversas alternativas que facilitarán” el traspaso de una modalidad a la otra.
Según lo previsto este año, el aporte económico que el Estado le transfiere a la Iglesia asciende a unos 130 millones de pesos, cifra que representa sólo el 7 % del presupuesto total que maneja el Episcopado.
Pese a que la Iglesia hace más de dos décadas decidió avanzar en su completo autofinanciamiento, nunca terminaron de avanzar los esfuerzos en ese sentido como la puesta en marcha de un llamado Plan Compartir para dotar de transparencia a su economía y crear conciencia entre los fieles sobre la necesidad de sostener su culto.
Y esta cuestión recobró un renovado impulso en los últimos tiempos, a propósito del debate por la legalización del aborto, oportunidad en la que se alzaron cada vez más voces reclamando la separación entre la Iglesia y el Estado.
Por una ley de la última dictadura militar, el sostenimiento se tradujo en una asignación mensual a cada uno de los obispos (hoy alrededor de un centenar), que en la actualidad ronda los $ 40 mil, y otra pequeña a párrocos de frontera y seminaristas diocesanos. Este aporte –a los que se suman ayudas menores- totalizan $ 130 millones que está procurando prescindir la Iglesia.