“La mano justa es más dura de lo que vino siendo los últimos diez años”. Con estas palabras, el ministro de la Justicia, Germán Garavano, intenta bajar los decibeles generados por el rechazo que provocó la reglamentación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través de la cual se otorga la luz verde para la aplicación del ‘gatillo fácil’.
Sin embargo, avaló la medida dispuesta por la funcionaria, al negar que la nueva reglamentación de uso de armas de fuego para las fuerzas federales viole los derechos humanos, tal como lo dijo en las últimas horas la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.
“Es la opinión de Carrió, es válida, pero yo creo que es una reglamentación de las funciones de las fuerzas de seguridad que, en su uso adecuado, no debiera ser considerada violatoria de los derechos humanos. Bullrich indica expresamente que sigue las reglamentaciones de Naciones Unidas”, afirmó Garavano en declaraciones al diario La Nación.
La cofundadora de Cambiemos escribió un duro descargo por Twitter: “La reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministra Bullrich viola los Derechos humanos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo. Esto no significa que la Policía no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministro se le va la mano”.
Y para que no queden dudas, advirtió: “A los que se enojan conmigo por mi posición en seguridad les digo, el día que maten a un hijo solo por tener pelo largo o ser morocho se van a acordar de mí”.
Al ser cuestionado sobre la política de Seguridad de la gestión actual, Garavano indicó: “Yo escribí hace muchos años un libro con Eugenio Burzaco y Diego Gorgal que se llamó ‘Mano justa’. Nosotros estamos convencidos de que ese es el camino”.
Para el ministro, “definitivamente la mano justa es más dura de lo que vino siendo los últimos diez años, donde cuando uno analiza el crecimiento del delito y el narcotráfico se ven respuestas muy bajas”, en tanto subrayó que “sobre 100 delitos que se cometían en nuestro país, sólo uno tenía castigo”, y sostuvo que el Gobierno quiere “reducir la impunidad”.
Por su parte, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Roberto Gallardo, consideró “inaplicable” e “inconstitucional” la resolución que otorga a los uniformados una mayor libertad para disparar ante un “peligro inminente” en casos de delitos graves y persecuciones.
Al respecto, Garavano, admitió que era “una opción que algún juez pudiera cuestionar la reglamentación” del ministerio de Seguridad. Sin embargo, dijo que le llamó la atención el tenor de la decisión, ya que “el juez Gallardo tiene una tendencia a avanzar sobre áreas que no son de su competencia”, opinó.