La Corte Suprema de Justicia le asestó un durísimo golpe al Gobierno nacional: esta mañana, a través de una esperada resolución confirmó que favoreció a los jubilados que iniciaron juicio, por lo que ahora deberán actualizarle los haberes por un índice superior al que venía utilizando la ANSES.
El fallo representa además un duro mensaje político para la Casa Rosada, ya que el mismo fue aprobado por 4 votos a 1, ya que votaron a favor Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco, mientras que Carlos Rosenkrantz, el juez más cercano al Gobierno, quedó en posición minoritaria al votar en contra, y se mostró otra vez en soledad, para disgusto del presidente Mauricio Macri.
En rigor, se falló sobre un caso concreto, el de Luis Orlando Blanco, que implica un precedente para otros 150 mil reclamos. La administración actual no acepta el Isbic (Indice de Salarios Básicos de la Industria y de la Construcción), convalidado por la Corte Suprema una década atrás; en cambio, impuso el Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que reduce el monto a pagar en los juicios ganados por jubilados –si se tienen en cuenta el retroactivo y diferencias con tasa pasiva– hasta la mitad.
Blanco trabajó de camionero gran parte de su vida. Hoy tiene 73 años. Se jubiló en 2003 y en 2012 inició un reclamo, primero administrativo y luego judicial, para obtener un nuevo cálculo de su haber inicial según el criterio establecido por la propia Corte Suprema en el llamado caso “Eliff”, donde fijó la utilización del Isbic (con los votos de los actuales jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda).
Su jubilación representaba el 41 % de lo que ganaba en su trabajo. Con el Isbic el haber debía representar el 59 % del haber en actividad. En medio de su juicio, el Gobierno consiguió la aprobación de la llamada reparación histórica, que hoy justamente está cumpliendo un año.
Los jubilados en juicio contra el Estado que la aceptaran, renunciaban a sus demandas, aceptaban la aplicación del Ripte (que representa un 46 % del salario) y a cambio obtenían la promesa de un pago inmediato. Pero luego la Anses decidió aplicar ese mismo índice desfavorable a todos los jubilados en juicio contra el Estado que no aceptaron la reparación histórica.