Desde que Carlos Rosenkrantz, el hombre de Clarín y Mauricio Macri se hizo cargo de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia hace dos meses, comenzaron las penurias. Voto en soledad el 2×1 a los genocidas y hoy voto en contra de los jubilados.
En la acordada de hoy, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda decidieron sacarle el manejo administrativo y económico del tribunal, más allá del voto en disidencia de Rosenkrantz y la abstención de Elena Highton.
La acordada donde se establece esta nueva forma de funcionamiento de la Corte es la 44/2018. Se firmó inmediatamente después del acuerdo de ministros en el que salió el fallo Blanco, que fijó una fórmula de reajuste de las jubilaciones en contra de las pretensiones de la Anses; es decir, del Gobierno.
La nueva mayoría conformada por Lorenzetti, Rosatti y Maqueda podría incluso haber removido a Rosenkrantz de la presidencia. Fuentes de la Corte informaron al diario La Nación que estos ministros evaluaron la posibilidad de hacerlo, pero resolvieron mantenerlo en el cargo, aunque con atribuciones muy recortadas.
En su acordada de hoy, los jueces que conforman la mayoría citan el artículo 113 de la Constitución Nacional, que dice que “la Corte Suprema dictará su reglamento interno y nombrará a sus empleados”; argumentan que ese artículo se refiere a la Corte “en su conjunto” y no solo al presidente, y dicen que eso solo puede ser leído como una decisión de los constituyentes de que el “gobierno” del máximo tribunal quede “sujeto a la participación de todos los jueces” que lo integran.
De esta forma, con estos cambios, de ahora en adelante, todas las decisiones de administración, nombramientos del personal de la Corte y del resto del poder judicial, y todo tipo de decisión de superintendencia necesitará del apoyo de una mayoría del máximo tribunal, es decir, de tres ministros, sea o no el presidente uno de ellos. En definitiva, el titular de la CSJN mantendrá el control sobre los temas protocolares y sobre los casos en los que se involucrará el máximo tribunal. Asimismo, por unanimidad, se ratificó la política de administración, presupuesto, y el fondo anticíclico.
En total, fueron seis las modificaciones aprobadas por la mayoría. Entre ellas, se realizaron cambios en acordadas que reglamentaban el alcance del poder del presidente en la Corte en los años 1961 y 1990. También se anunció la creación de una unidad de asistencia y coordinación dentro de cada vocalía para controlar el manejo de contrataciones y cantidad de personal en los diferentes cuerpos del máximo tribunal.
“Esta Corte ha resuelto que una regla esencial en el funcionamiento de todo cuerpo o tribunal colegiado consisten en que sus miembros deben deliberar hasta tanto alcancen el consenso necesario para tomar decisiones”, explicaron los ministros de la Corte en la acordada de este martes.
El presidente hoy vivió dos pesadillas con la Corte: el fallo a favor de los jubilados y el recorte total a Rosenkrantz.
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