La Sala I de la Cámara federal porteña, ratificó hoy el procesamiento por presunta “asociación ilícita” de la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa que investiga supuestos sobornos registrados en fotocopias de cuadernos que nunca aparecieron, y en la que están involucrados varios empresarios que, sin embargo, fueron los únicos beneficiados por el fallo.
Así, para los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, la actual senadora nacional tuvo siempre “conocimiento del sistema de recaudación” y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la “asociación ilícita”.
Con esta resolución, el juez federal Claudio Bonadio quedó en condiciones de insistir ante el Congreso de la Nación con el pedido de desafuero de CFK, tal como anticipó que haría cuando dictó su procesamiento.
Como se sabe, para Bonadio –declarado enemigo de la ex presidenta – su obesión es que más temprano que tarde pueda ordenar la prisión efectiva de Cristina.
Para justificar el pedido de su prisión preventiva, el juez había indicado que tanto ella como los ex funcionarios procesados en la causa mantienen “vínculos” con “medios afines, empresarios”, y que la senadora “podría entorpecer” la investigación.
Es más, cuando firmó el procesamiento de la ex presidenta, Bonadio determinó que el hecho de que Cristina no hubiera recibido sumas de “dinero ilegítimas en mano propia” no la exime de “responsabilidades”, dando así por comprobada “la existencia de una organización delictiva” planteada por la “recaudación de coimas” que se inició con Néstor Kirchner y que “continuó durante la gestión” de CFK.
Mejor suerte tuvieron los empresarios que aparecieron en las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer de Baratta, por presuntamente haber pagado coimas. Se les dictó la falta de mérito como miembros de la “asociación ilícita” y fueron acusados por “cohecho”.
Entre ellos está Ángelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri y ex CEO de la empresa familiar Iecsa. También quedaron bajo esa figura penal más benévola los empresarios Aldo Roggio, Gabriel Romero, Carlos Wagner, Carlos Mundin, Luis Betnaza, Gerardo Ferreyra, Armando Loson, Hugo Antranik Eurnekian, Luis Betnaza y Juan Carlos de Goycoechea, entre otros.
En el caso de Wagner, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción y del financista Ernesto Clarens, la Cámara federal modificó la acusación y los procesó como organizadores de la asociación ilícita. Se les atribuyó varios hechos de cohecho activo, al igual que al empresario Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, quien por no pertenecer al “círculo rojo”, seguirá detenido.
En tanto, en el fallo se validó la constitucionalidad de la figura del arrepentido, se confirmó a Bonadio al frente de la investigación y se consideró como “prueba válida” a las ocho fotocopias de los cuadernos de Centeno, uno de los arrepentidos, cuyo procesamiento quedó ahora ratificado como miembro de la presunta asociación ilícita.
Entre quienes quedaron dentro de la acusación por “asociación ilícita” están, además de Cristina, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y los ex funcionarios Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Rafael Llorens, Hernán Gómez, José María Olazagasti, Ezequiel García, José López y Walter Fagyas.
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